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Martes, 23 Abril 2019 12:22

Surgen más implicados en el “Samsung Gate” de la Fiscalía en Puerto Vallarta; protegen a unos y señalan a otros

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Por Jorge Olmos Contreras

La película que nos presentaron a medias y cuya historia nos la han contado en pedacitos y que tiene que ver con la presunta comisión de diferentes delitos por parte de funcionarios de la Fiscalía Regional de Justicia con sede en Puerto Vallarta, en su intento por obligar a Rubén Francisco Morales Guilfoyle, un alto ejecutivo de la empresa Samsung,  a pagar --mediante presiones judiciales-- una importante cantidad de dinero a una firma de seguridad privada –propiedad del hijo del ex Procurador General de la República, Javier Coello Trejo--, ha derivado en que surjan más involucrados y que se hayan girado nuevas órdenes de aprehensión en contra de cuatro personas más, entre ellas el juez por ministerio de ley del juzgado penal, Guillermo Arnoldo Galindo Sahagún y el secretario del mismo, Jorge López Lara.

De hecho, la audiencia inicial contra Guillermo Galindo y Jorge López Lara habría comenzado ayer martes, pero desde el sábado ya tenían el carácter de imputados.

El Ministerio Público encargado del proceso, sin embargo, pareciera que protege a unos y señala a otros, ya que no ha requerido a David López Casillas, el MP que está adscrito al juzgado penal del sistema tradicional de Puerto Vallarta y quien fue el que consignó ante el juzgado penal una Averiguación Previa hecha a modo para detener a Morales Guilfoyle; ni tampoco ha pedido la comparecencia de Rodolfo Rodríguez Rivera, el ex subdelegado de la Fiscalía encargado de darle seguimiento a los asuntos que tienen que ver con el anterior sistema penal, es decir con el tradicional y que es a través del cual se desahogan las Averiguaciones Previas, y quien es el personaje que  habría jugado un papel de primer orden en este espinoso caso.

Mucho menos han solicitado la comparecencia del otro ex subdelegado, de nombre José Omar Quintero Becerra.

LOS NEXOS DE JAVIER COELLO ZUARH

Tampoco se ha ocupado de indagar el Ministerio Público –representado en este caso por Fernando Puga Paredes y Gicela Gutiérrez Azpeitia—el presunto nexo de amistad que podría existir entre el ahora exfiscal de investigación criminal de la Fiscalía General de Jalisco, Salvador González de los Santos y Javier Coello Zuarth, quienes de alguna manera pudieron haber contactado al ex subdelegado regional, Rodolfo Rodríguez y armado todo el numerito contra la empresa coreana.

Y aunque el fiscal general actual en el estado, Gerardo Octavio Solís Gómez ha dicho con insistencia (en conferencias de prensa) que su ex fiscal de investigación criminal no tiene vela en el asunto, muchos se sorprenderían cuando la investigación avance. Y es que podrían descubrirse esos presuntos nexos entre Javier Coello y González de los Santos, quien curiosamente “renunció” al cargo al día siguiente de que fue detenido el ex delegado en Puerto Vallarta, Francisco Sandoval Rodríguez.

Ahora bien, fuentes bien enteradas señalan que la resolución que dictó el juez de control y juicio oral del Octavo Distrito Judicial con sede en Puerto Vallarta, Juan Antonio Reynoso Nava el pasado 29 de marzo, trae una serie de inconsistencias e irregularidades para tratar de culpar por este caso sólo a Francisco Sandoval Rodríguez, no obstante que hay otros actores involucrados en el caso.

Uno de estos actores –y que no ha sido tocado ni mencionado—es el Juez penal Héctor Godínez, quien se ha lavado las manos al señalar que el día en que fue consignada la orden de aprehensión contra los ejecutivos de la Samsung –pues iban a detener a tres personas de esta empresa trasnacional, como son Rubén Francisco Morales Guilfoyle, Oscar Roberto González Guillen y Jun An Jeon--  él estaba de vacaciones, lo cual es muy creíble y acreditable, lo que no es muy verosímil es que él no supiera lo que estaba sucediendo al interior del juzgado, del cual tiene pleno control y responsabilidad.

Pero bueno, para que los lectores tengan más información de este asunto y lo conozcan más a fondo, vamos a ponerlos en contexto.

EL CONTEXTO

Todo comenzó por una demanda de carácter mercantil entre la empresa “Uomini Servicio de Seguridad Privada SA de CV” y la firma de las telecomunicaciones Samsung –demanda radicada en el Estado de México--, ya que ambas firmaron un contrato de prestación de servicios y al término de este los abogados de Uomini alegaron que personal de la empresa coreana y que el propio Rubén Francisco Morales Guilfoyle, le impidieron el paso a su gente y que no les permitieron sacar mobiliario, computadoras y otras cosas supuestamente propiedad de Uomini.

Esta acción derivó en un juicio entre las partes que supuestamente comenzó en el año 2016… pero aquí lo interesante es que en el año 2018 (por noviembre) la empresa de Javier Coello Zuarh aseguró que los directivos de Samsung habían trasladado las cosas propiedad de Uomini hasta una bodega de la calle Aldama de la delegación de El Pitillal en Puerto Vallarta, donde, por cierto, solo hay un portón.

Pues bien, este argumento, de que las cosas de Uomini estaban supuestamente en Puerto Vallarta, bastó para que alguien dentro de la fiscalía regional en este puerto comenzara a maquinar un plan para presuntamente presionar a los coreanos y obligarlos a negociar.

DENUNCIADOS POR “ABUSO DE CONFIANZA”

La presión contra los ejecutivos de Samsung vino pronto, y de qué manera, pues les armaron una denuncia penal por abuso de confianza y para ello usaron la Averiguación Previa de otra persona muy distinta (de otro delito diferente) y así pudieron “acreditar” un hecho delictuoso para consignar al juzgado penal la orden de aprehensión contra Rubén Francisco Morales Guilfoyle, quien fue detenido en el Estado de México el 24 de febrero de este 2019 por presuntos policías judiciales.

Dicha negociación podría haber consistido en que Uomini se desistía de la supuesta denuncia a cambio de cierta cantidad de dinero, pero el ejecutivo de la empresa coreana no cayó en el garlito y lo que hizo fue llamar a sus abogados, quienes descubrieron que todo había sido maquinado al interior de la fiscalía, por lo que el escándalo no tardó en llegar hasta los oídos del presidente López Obrador y después a los del gobernador Enrique Alfaro.

Ahora se sabe que el número de Averiguación Previa que utilizaron los involucrados en este asunto, es la AP 93/2015 del 07 de enero de ese año y que el ofendido se llama Sergio “N”; y que la causa por la que se integró esta AP fue por el delito de amenazas, en hechos sucedidos el 12 de agosto del año 2014, es decir, nada qué ver con “abuso de autoridad” ni con Morales Guilfoyle, ni con las fechas.

La presunta conducta criminal del o los involucrados fue hacer pasar una AP por otra, solo habrían cambiado el nombre y el delito y cambiar fojas con otro texto, para tratar quizás de extorsionar al empleado de la Samsung.

CABOS SUELTOS

Sin embargo, hay algo que no cuadra en este “Samsung Gate”, pues parece que estuviéramos ante un hecho delictivo más grande y delicado y de que alguien, quizá algún amigo de Javier Coello Zuarh, pidió el gran favor para involucrar en una denuncia penal a Morales Guilfoyle y, como el delegado de la fiscalía de PV hasta noviembre era Francisco Sandoval, contra él se cargaron todas las pulgas.

Lo mismo podría estar pasando con los secretarios del juzgado penal, Guillermo Galindo y Jorge López, que al primero lo dejaron como juez por ministerio de ley en ausencia del verdadero juez Héctor Godínez cuando sucedieron los hechos, y ahora ellos enfrentan la audiencia inicial en calidad de imputados. Por eso decíamos en otro artículo que esto parece una “cacería de brujas” y que la fiscalía sólo busca “chivos expiatorios”.

David López, por ejemplo, quien fue el MP que solicitó al juzgado la orden de aprehensión y que además está adscrito al juzgado penal del sistema tradicional de Puerto Vallarta, habría afirmado –durante las indagatorias del Ministerio Público—que le falsificaron su firma, pero reconoció que sí envió la consignación al juzgado penal “pero que no se fijó en las irregularidades” que contenía dicha solicitud.

No sólo eso, todos, absolutamente todos los funcionarios que comparecieron ante el Ministerio Público y cuyos testimonios sirvieron al juez de control oral Juan Antonio Reynoso Nava para emitir su resolución, aseguran que la firma que está en los documentos de la Averiguación Previa no es de ellos, pero no lo demuestran mediante exámenes periciales. No al menos hasta ahorita.

Y lo más interesante, ninguno señala directamente al ex fiscal Francisco Sandoval, como la persona que les habría falsificado la firma o que lo vieron haciendo tal cosa.

Por ello, la pregunta ante todo esto es: ¿Cuándo caerán todos los responsables de esta gigantesca irregularidad al interior de la Fiscalía de Justicia de Jalisco?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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