La funcionaria federal se refirió, sin lugar a duda, de la desviación de 780 metros del tramo carretero comprendido del kilómetro 205 + 770 al 206 + 550 que se localiza al sur de Puerto Vallarta rumbo a Mismaloya.
Como se informó oportunamente en VALLARTA UNO el viernes 14 de febrero, fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través del Centro Jalisco, la que por medio de un Convenio de Concertación de Acciones, autorizó a la empresa “Promotora Arena Blanca SA de CV” la desviación de 780 metros de longitud de dicho tramo carretero, con el agregado de que el terreno afectado, por desuso y porque supuestamente ya no le será útil al gobierno federal, será entregado –a través de una permuta que autorice o autorizó ya el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales—al desarrollador de un complejo turístico, en este caso, al señor Fernando González Corona, quien en 1995 fue presidente municipal por el PAN en Puerto Vallarta y después diputado federal, mientras que su esposa, Eva Contreras Sandoval, fue senadora de la República.
Ahora, la SFP detectó que la autorización de esta desviación es otro de los casos ejemplares de corrupción que se dieron en el sexenio pasado que le tocó presidir al ex presidente Enrique Peña Nieto, por lo que funcionarios de la SCT, tanto de la Subsecretaría de Infraestructura como de la Dirección General de Conservación de Carreteras, la Dirección General de Carreteras y de la Dirección General del Centro SCT Jalisco–cuyos titulares emitieron su opinión sobre la procedencia del proyecto—tendrán que dar una explicación jurídica del por qué autorizaron la modificación del tramo carretero federal número 200 Manzanillo-Puerto Vallarta con una longitud de 780 metros.
Quienes firmaron este convenio por el gobierno federal, que ahora la Secretaría de la Función Pública señala como otro caso ejemplar de corrupción –de acuerdo con documentos en poder de este medio de comunicación-- fueron el subsecretario de Infraestructura de la SCT, Oscar Raúl Callejo Silva y el Director General del Centro SCT Jalisco, Salvador Fernández Ayala; mientras que por el particular beneficiado, el que firmó fue Sergio Aguayo Franco, apoderado legal de la empresa Promotora Arena Blanca SA de CV., cuyo mayor accionista es Fernando González Corona, hoy propietario de una estación de radio y televisión en Puerto Vallarta.
