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Martes, 25 Febrero 2020 08:42

Menos de lo que vale una camioneta de lujo, le costó a Fernando G. Corona el cambio de uso de suelo para el Desarrollo “Garza Blanca”

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Por Jorge Olmos Contreras

El 19 de octubre del año 2010, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de su delegación en Jalisco, resolvió una solicitud de autorización de uso de cambio de suelo en terrenos forestales a favor del proyecto denominado “Desarrollo Inmobiliario Garza Blanca” –que se ubica al sur de Puerto Vallarta—por cuya compensación ambiental cobró la irrisoria cantidad de 414 mil 057 pesos con 84 centavos, mucho menos de lo que vale una camioneta de lujo.

El desarrollador beneficiado fue otra vez el ex presidente municipal panista, Luis Fernando González Corona, según le notificó la Semarnat al representante legal de la empresa “Grupo Palo María PV SA de CV., Luis Roberto Crespo Tinoco ese mismo día y año.

De acuerdo con el oficio SGPARN.014.02.01.1850/10, obtenido por el reportero a través de una solicitud de información, el cambio de uso de suelo autorizado fue para la construcción de un desarrollo inmobiliario consistente en 178 unidades distribuidas en 20 edificios, ocho viviendas unifamiliares, spa, club de tenis, albercas, áreas de servicios, vialidades y áreas verdes, todo en una superficie de poco más de 12 hectáreas, con afectación directa a selva baja y mediana sub-caducifolia.

Muy complaciente, el entonces delegado federal de la Semarnat en Jalisco, José de Jesús Álvarez Carrillo, dio esta autorización de cambio de uso de suelo, solo porque la promovente –es decir, Grupo Palo María— prometió a implementar las medidas de mitigación correspondientes para compensar el daño ambiental.

En otras palabras, la Unidad Administrativa de la Semarnat dio su visto bueno al proyecto turístico inmobiliario a cambio de una promesa, no por un hecho tangible; y solo porque dijo haber analizado y evaluado este en el sentido de que “no compromete la biodiversidad, que no provocará la erosión del suelo, ni el deterioro de la calidad del agua o la disminución de su captación”.

Otro punto para que les dieran esta autorización a los socios del Grupo Palo María, fue porque se comprometieron a rescatar y reubicar árboles de la especie Orbignya y otros que se desplantaron para la ejecución del proyecto.

Sin embargo, la dependencia federal ha sido tan opaca –igual que la empresa desarrolladora—que no se ha informado, ni se tiene certeza de tal rescate y reubicación de dichos árboles.

Tampoco ha informado la Semarnat el contenido de los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se comprometió la biodiversidad, ni se provocó la erosión de los suelos o el deterioro de la calidad del agua, pues dichos estudios deberían haberse considerado en conjunto y no de manera aislada, tal y como lo establece el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS); como tampoco ha mostrado la opinión del Consejo Estatal Forestal (CEF) al respecto.

Y es que la LGDFS señala que los estudios técnicos deberán contener, entre otras cosas, la estimación económica de los recursos biológicos forestales del área sujeta al cambio de uso de suelo, así como la estimación del costo de las actividades de restauración con motivo de este.

SE INCONFORMAN Y RECULAN

Pero por si algo nos faltaba, los representantes del también ex diputado federal por el PAN, Fernando González Corona, se vieron tan miserables que, pese a que la ley indica que el interesado deberá hacer un depósito económico al Fondo Forestal Mexicano (FFM) por la compensación ambiental para poder otorgar la autorización del cambio de uso de suelo, éstos se inconformaron porque les fijaron la cantidad de 414 mil 057 pesos con 84 centavos a pagar.

En este sentido, el 16 de agosto del año 2010, un tal Javier García Arriola, en su calidad de apoderado legal de la empresa Grupo Palo María PV SA de CV, solicitó una reconsideración respecto del monto a depositar al Fondo Forestal Mexicano.

Pero 29 días después –como que alguien le dio una seria reprimenda a Javier García Arreola--, el 14 de septiembre del mismo año, este apoderado legal solicitó el desistimiento sobre la reconsideración del monto a depositar en el Fondo Forestal Mexicano, cuyos recursos serían destinados a actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento.

Bajo esta lógica, es claro que el apoderado legal de la empresa de Fernando González Corona reculó, se echó para atrás y prefirió pedirle a su patrón los 414 mil 057 pesos con 84 centavos, toda vez que era urgente que les dieran autorización para cambiar el uso del suelo, ya que estaba en juego una inversión de muchos millones de dólares.

OPINIÓN CONDICIONADA

Ahora bien, el Consejo Estatal Forestal (CEF), el 16 de marzo del 2010, emitió su opinión favorable, pero condicionada, para que se autorizara dicho cambio de uso de suelo, ya que en otra opinión emitida el 27 de febrero del 2019, se indicaba que la empresa planteaba un programa de reforestación permanente, pero no señaló ninguno en específico.

En sus observaciones, el CEF también estableció que la empresa no definió cuáles servicios ambientales podrían ponerse en riesgo por la introducción del proyecto, que faltaba información.

Asimismo, que Garza Blanca no presentó ninguna justificación, técnica, económica o social que motivara la autorización del cambio de uso de suelo, mucho menos indicó el costo ni las actividades de restauración, solo señaló que el “5% de 50 millones serán destinados a medidas de prevención y mitigación de impactos negativos” y que las áreas de restauración se “generaran” durante el desarrollo del proyecto.

REMOVIERON 447 ÁRBOLES Y PLANTAS ENDEMICAS

El 24 de junio del 2010, personal de la delegación realizó una visita técnica al predio donde hoy se construye el Desarrollo inmobiliario Garza Blanca, donde observaron que el terreno se encontraba cubierto con vegetación características de selva baja caducifolia y selva mediana subcaducifolia; que encontraron 16 especies identificadas taxonómicamente y por lo tanto propusieron remover 447 árboles, siendo los más dominantes el papelillo, palma de coquito de aceite, trompetero y tezcalama o ficus.

También subrayaron que no encontraron cuerpos de agua dentro del polígono, “más sin embargo existe el arroyo palo maría, pero en este no se propone la realización de ninguna obra” (sic).

Asimismo, los inspectores de la Semarnat aseguraron que al momento de la verificación “no se observó la presencia de fauna”, pero que se observaron dos especies que se encuentran en la NOM-059-SEMARNAT-2001 8 (Que se refiere a la protección ambiental de especies nativas de México, de flora y fauna silvestres que están en la categoría de riesgo) como son Orbignya guacuyule (hoja de palapa) y astronium graveolens (un árbol conocido como amargoso o ciruelillo).

LA DEFORESTACIÓN

Para dar paso al desarrollo turístico de Fernando González Corona, la Semarnat le autorizó remover, como ya señalamos, 447 especies entre árboles y plantas endémicas como coapinoles, palos mulatos, chacajes, carates o indios desnudos; guarumos; robles de la costa; canisteles, mantes, zapotes amarillos o también conocidos como árboles borrachos; guayabillos o arrayanes; la planta pegajosa conocida como cnidoscolus; lapachos rosados; andiras o fabales; laureles de la India o amates; chanchules o cascabelas ovatas; amatillos y galeanas o tulipanes.

Todo fue arrasado por la maquinaria pesada que sin ninguna contemplación dejó pelón el terreno con una simple promesa de rescate, reforestación y reubicación que no se ve por ningún lado.

Todos debemos estar a favor del desarrollo, la inversión, la detonación económica y la generación de empleos, pero no a costa de lo que sea.

Se debe poner un alto a los voraces desarrolladores inmobiliarios, ya que en otro artículo, expondremos cómo es que el segundo proyecto de Fernando González Corona, denominado “Residencial Garza Blanca”, violó una y otra vez las indicaciones y restricciones que le señalaron en la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) –otorgada y autorizada también por la Semarnat—y cómo se conjugaron intereses políticos para sacar adelante los permisos de este mega desarrollo turístico que ya fue señalado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) como un claro ejemplo de corrupción, al permitir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la desviación de la carretera federal 200 para  beneficiar a un desarrollador turístico, que resultó ser el mismísimo Fernando González Corona, hoy dueño de TV Mar y CPS Noticias.

 

 

 

 

 

 

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