Viernes, 29 Enero 2021 00:06

Surgen más restricciones que complican reapertura de “El Vallartense”; ley prohíbe restaurantes al lado de la planta Destacado

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Por Jorge Olmos Contreras

La situación legal y jurídica se les complica cada vez más a los propietarios del restaurante “El Vallartense”, ya que además de haber construido el establecimiento en terrenos propiedad del Seapal, el Plan de Desarrollo Urbano Municipal prohíbe la operación de este tipo de comercios en al menos 60 metros a la redonda de la planta de tratamiento de aguas residuales donde se ubica precisamente el llamado cárcamo Mojoneras.

Nosotros no mentimos, por eso nos dimos a la tarea de investigar si realmente el Seapal es propietario del polígono donde se encuentra el restaurante en comento, y efectivamente, de acuerdo con la escritura pública 20879 elaborada el 29 de julio de 1994 ante el notario número 40 Enrique Ramos Ruiz, el predio pertenece al Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta.

El terreno, de 29 mil 999 .65 metros cuadrados fue vendido al Seapal en 28 millones 875 mil pesos por el señor Jorge Pérez Orozco, quien era dueño de una fracción que formó parte de los lotes 19 y 20 de la Ex Hacienda de Ixtapa y sus anexos Coapinole, Pitillal, El Colesio (sic) y Las Palmas, según copia de la escritura en poder de VALLARTA UNO.

EL INMUEBLE

El inmueble es parte de lo adquirido por Jorge Pérez Orozco al señor Jesús Pérez Silva y a su esposa Marías de Jesús Berumen; y otra por compra al señor José Berlanga y a su esposa Isabel Llamosa, según escritura número ocho otorgada el 23 de marzo de 1962 ante el entonces notario Mario Camarena Rosas.

En este contexto, el 29 de marzo de 1984, el señor Jorge Pérez Orozco planteó una opción al empresario Eduardo Ramírez Orendain para adquirir la fracción del inmueble mediante un convenio con el Seapal para adquirir derechos de conexión e incorporación para un desarrollo comercial y habitacional que se ubicarían en los terrenos adjuntos al predio.

El convenio se firmó el 30 de septiembre de 1985 y este consistió en que a cambio y por concepto de derechos de conexión e incorporación a los servicios que proporciona el Seapal, el organismo adquirió esa fracción de predios rústicos conocidos con el nombre de “Coapinole” y “Pitillal” y que formaban parte de los lotes 19 y 20 de los que fue dividida la Ex Hacienda de Ixtapa y sus anexos ya mencionados.

Por este inmueble, Eduardo Ramírez Orendain –y después la persona moral Impulsora Las Palmas SA de CV-- adquirió el compromiso de pagar al organismo de agua 38 millones 743 mil 624 pesos; lo que hizo en dos partes, una por 10 millones 3672 mil 550 pesos y otra por 28 millones 875 mil pesos, transmitiendo en propiedad al Seapal el predio, que es precisamente donde se construyó de manera irregular el restaurante “El Vallartense”.

INVASORES

De acuerdo con funcionarios del Seapal, no solo el restaurante está invadiendo propiedad del Seapal, sino también la carpintería de muebles rústicos que se ubica al lado, por la misma calle Paseo de Las Flores, por lo que ambos negocios son irregulares.

Sin embargo, uno de los motivos por el cual será muy difícil que “El Vallartense” vuelva a abrir, es lo que marca la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de asentamiento humanos y que el Ayuntamiento está obligado a cumplir.

El artículo 23 de dicha ley indica que “para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el articulo 27 constitucional en materia de asentamientos humanos, considerará los siguientes criterios:

Inciso VIII.- En la determinación de áreas para actividades altamente riesgosas, se establecerán las zonas intermedias de salvaguarda en las que no se permitirán los usos habitacionales, comerciales u otros que pongan en riesgo a la población”.

ZONAS DE RIESGO, LAS RESTRICCIONES

En tanto, el Plan Parcial de Desarrollo Urbano vigente en Puerto Vallarta indica que en las plantas de tratamiento que operan en el municipio hay restricciones para establecimientos comerciales que van de los 20 a los 80 metros en sus perímetros.

En la planta Norte II la restricción es de 200 metros; en la Norte I, es de 80 metros, en la Planta Potabilizadora Mojoneras, de 60 metros; mientras que en las de Boca de Tomatlán, Mismaloya y cárcamos de rebombeo es de 20 metros.

En el caso de la planta potabilizadora de Mojoneras –que es la que nos ocupa--, el riesgo perimetral es de 60 metros lineales a partir del cerco de esta, debido a los químicos que se utilizan para desinfectantes y oxidantes del agua, donde se remueven metales como hierro y manganeso, señalado claramente en los protocolos y normas del Seapal y la Comisión Nacional del Agua.

Así las cosas, si el Ayuntamiento permite que se instalen negocios en dichos perímetros, estaría violando la ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que es de carácter federal.

Pero bueno, aquí lo que no se entiende es cómo algunos funcionarios permitieron que entrara en operación un restaurante en una zona de riesgo ambiental; y dos, por qué la Dirección de Desarrollo Urbano dejó que se construyera el establecimiento en terrenos propiedad del Seapal; ya que, si bien primero clausuró la obra por carecer de licencia de construcción, después quitó los sellos, según porque los dueños presentaron un documento ejidal que los acreditaba como propietarios y presentaron su permiso.

Pero como ya vimos, el terreno es propiedad del Seapal.

LOS PAYASOS DE CARMEN CABRERA

Por otra parte, y para demostrar que no mentimos, cuando señalamos que la presunta abogada defensora del restaurante, Carmen Cabrera –actual delegada de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Puerto Vallarta—incurre en conflictos de interés al involucrarse en este caso, lo decimos con conocimiento de causa y porque tenemos documentos probatorios.

También señalamos en el anterior artículo que Carmen Cabrera le iba a dar muchos dolores de cabeza al Ayuntamiento y al DIF. Y lo dijimos porque la señora Cabrera ha sido defensora de presuntos abusadores sexuales de menores –y ahora dice proteger a la niñez—en el pasado reciente.

Tan solo habría que hurgar un poco en el expediente penal de los payasos conocidos como Chispa y Chispita acusados por abuso sexual infantil hace algunos años –todo derivado del caso del desaparecido presunto pederasta Thomas White—y cuya abogada defensora fue precisamente Carmen Aurora Cabrera González.

Entre abogados el caso es muy conocido e incluso se especula que Carmen les cobró más de 300 mil pesos a estos personajes por defenderlos y terminaron en la cárcel.

Bajo este escenario, es pertinente reiterar que no tenemos nada en contra de nadie, que nuestro interés es absolutamente periodístico; y que hacemos votos para que la señora propietaria de “El Vallartense” rectifique el camino, haga bien las cosas, recupere su restaurante y lo ponga a funcionar, ahí o en cualquier otra parte, por el bien de todos, de la economía del puerto y la generación de empleos; pero, sobre todo, por el bienestar de los trabajadores y sus familias.

Por lo demás, la señora Plascencia y su parentela nos pueden seguir tildando de mentirosos, pueden seguir intentando desacreditar nuestro trabajo una y otra vez, pero aquí lo que cuentan son los documentos… y las pruebas. (Foto Google Maps)

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