Los abogados Juan Pablo Badillo Soto y José Luis González Meza dijeron en rueda de prensa que el jueves presentaron el recurso contra el dictamen emitido por la Cancillería mexicana a favor de la extradición de su cliente, que calificaron de "inconstitucional".
En la primera instancia, el Juzgado Decimotercero de Distrito revisará el amparo, mientras que en la segunda quedará a cargo de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes decidirán el futuro de Guzmán, señaló González Meza.
"Va tardar mucho tiempo para que se lleven al Chapo" a EE.UU., indicó el letrado, que incluso barajó la posibilidad de que ni siquiera sea entregado al vecino del norte.
Y es que, según Badillo, el Gobierno "violentaría todo el Estado de derecho y, específicamente, la Constitución" si extradita al líder del cártel de Sinaloa, quien se ha escapado de dos cárceles de máxima seguridad mexicanas, en 2001 y 2015.
Explicó que el juez del caso les pidió una serie de requerimientos que van a desahogar el lunes, en los cuales señalan a varios funcionarios, entre ellos el presidente, Enrique Peña Nieto; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y la canciller, Claudia Ruiz Massieu.
Los abogados acusaron a las autoridades mexicanas de "pisotear" la Carta Magna y señalaron que si ésta se concreta, "la familia del Chapo no lo va a volver a ver".
Explicaron que no buscan obtener privilegios para su cliente, sino el cumplimento de la Constitución en el proceso contra Guzmán.
Otro de los abogados del Chapo, José Refugio Rodríguez, dijo el lunes a Efe que el capo podría renunciar al amparo contra la extradición si logra un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos.
"Joaquín no rehuye enfrentar la Justicia" de EE.UU. y el acuerdo "sería una opción para resolver el problema" y obtener una pena menor, señaló tras comentar que el narcotraficante está dispuesto a reconocer su culpabilidad en los cargos que afronta en dos cortes de ese país.
Una corte de California lo acusa de tráfico de cocaína, mientras que otra de Texas le imputa este mismo delito, además de delincuencia organizada, asociación delictiva, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció el viernes pasado su decisión de conceder la extradición del capo, unos días después de recibir dos opiniones jurídicas a favor de la entrega a EE.UU. para que sea procesado en los dos tribunales mencionados.
El Chapo fue recluido el 8 de enero en la prisión del Altiplano, en el central Estado de México, luego de ser recapturado en su estado natal de Sinaloa, seis meses después de que se fugara de ese penal a través de un túnel de 1,5 kilómetros.
En mayo fue trasladado de manera sorpresiva a una prisión de Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, lo que desató rumores sobre una inminente extradición del narcotraficante que fueron desmentidos por las autoridades.
El Gobierno atribuyó el traslado de Guzmán a obras para reforzar la seguridad en el Altiplano y a una rotación de presos peligrosos. (Con información de Agencia EFE)
