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Domingo, 14 Julio 2013 18:55

Líder político o simulador de la política; Mochilas, 10 meses De indecisiones, arbitrariedades e ilegalidades Destacado

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A diez meses de haber iniciado la administración Mochilista, la promesa  y  expectativa  del cambio verdadero  ha desaparecido.     La indecisión, la arbitrariedad  e  ilegalidad han caracterizado  el gobierno del alcalde del Movimiento Ciudadano en su primer año; y en su alocado intento por maquillar estos actos, ha pretendido confundir  y manipular la conciencia social, mediáticamente  a  través de la prensa palera que le cuesta  a los vallartenses arriba de los dos millones de pesos mensuales.

Por Jorge Olmos Contreras

 

Un análisis frío sobre el saldo de los primeros meses de gobierno del Movimiento Ciudadano, nos arroja un panorama oscuro por la forma y estilo con que Ramón Guerrero ha gobernado Puerto Vallarta. El ocultamiento, la distorsión  y en algunos casos extremos la falsedad de la información  que manejan  la prensa  y  la radio comprada, son los instrumentos  que le  han servido de pantalla, situación que ya no se puede sostener  ante la evidencia  de los actos  que “El Mochilas”   ha venido realizando en perjuicio de los ciudadanos vallartenses.     

 

Ramón Demetrio Guerrero Martínez, una vez que vio asegurada la elección, sus verdaderas intenciones y personalidad se manifestaron. En primer plano se olvidó del bienestar común de Puerto Vallarta,  en segundo lugar  de las personas  que, previo  y durante la elección jugaron un papel  importante  en el resultado de la misma y  lo más grave,  se olvidó de cumplir con sus obligaciones constitucionales  y   legales,  que constituyen  uno de los principios  rectores  de su desempeño y  una  garantía de sus actos. Esa  deslealtad hacia un sistema normativo, hasta la extorsión y el cohecho, donde  la corrupción  ha  adquirido en Vallarta una variedad de rostros no muy gratos.

 

Uno de  los principales actos que tienen estos matices, fue  la aprobación ilegal y  arbitraria del Reglamento Orgánico realizado el  01 de octubre del año 2012, que  fue  orquestado con el ex regidor y actual Director de Participación Ciudadana, Héctor  Gallegos, para que desde la anterior administración fuera presentada la iniciativa del reglamento, con la finalidad de que la anterior lo turnara a comisión para dictaminarse y posteriormente presentarse como verdadera iniciativa ( lo cual nunca se hizo).

 

EL PRIMER GOLPE 

 

De esta manera, y  en forma arbitraria  en la Sesión primera de instalación de este  ayuntamiento, se aprobó, publicó y  a la mitad se aplicó el Nuevo Reglamento Orgánico, maniobra política fundamental para los propósitos del  alcalde del Movimiento Ciudadano,  puesto que dicho reglamento le concedía control  absoluto de los entes de gobierno del municipio, concentrando  en el presidente las facultades más importantes, incluyendo algunas correspondientes  al pleno,   además que estableció la subordinación de los Juzgados Municipales  a la presidencia, eliminó la mayoría de las facultades expresas de las dependencias municipales creando con ello la discrecionalidad en el actuar, permitiendo a sus operadores políticos, Antonio Pinto  y   Juan Hernández,  operar a su anchas en pro de los intereses del grupo tapatío que importó el alcalde para la realización de sus negocios y  los de sus amigos.  

 

Una vez establecida la base  orgánica normativa que le daba el poder al alcalde, comenzó  la segunda fase del plan Mochilas, la colocación en lugares estratégicos  de personas incondicionales  y  expertas en el arte  de manipular, amenazar y saquear. En la siguiente edición se proporcionaran los nombres de las personas  y las dependencias en donde se localizan……

 

Este actuar del presidente con apoyo de los ediles del Movimiento Ciudadano, pugna con el principio de división de poderes y el régimen democrático; pues el primero se estatuyó para limitar y equilibrar el poder público y el segundo para contribuir al mejoramiento de la convivencia humana,  junto con el aprecio a la dignidad de la persona, la integridad de la familia y la convicción  del interés general de la sociedad,  evitando los privilegios  de razas, religión, de grupos, de sexos o de individuos. La aprobación del multicitado Reglamento, generó un retroceso  en la evolución del sistema normativo  de la administración  municipal de este puerto,  contrario a la forma de gobierno que mandata el pacto federal,  lo que constituye una violación a los derechos humanos de los ciudadanos de Vallarta y pugna con el principio de progresividad establecido en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución federal.  

 

En futuros espacios periodísticos haremos del conocimiento de Puerto Vallarta la forma en que ese reglamento se ha utilizado en pro de los negocios  del alcalde.

 

DESPIDOS ILEGALES

 

Otro de los actos arbitrarios del Mochilas, en perjuicio de ciudadanos vallartenses y demás trabajadores del municipio, fue el despido masivo, al inicio de la administración, de aproximadamente 450 personas sin existir causa justificada  y sin seguir los procedimientos que marca la Ley  de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios.   Recientemente se dio otro acto igual, se  despidió a 100 personas en las mismas condiciones, en flagrante violación del   artículo 123 apartado  b  de la Constitución federal.

 

De igual manera,  queda patente la incongruencia de las promesas que hizo en campaña y  lo que ha hecho para abatir la impunidad; ha sido omiso en gestionar, investigar y en su caso formular las denuncias penales  en contra de anteriores funcionarios por el desvío de recursos federales y estatales por  un monto aproximado a los  60 millones de pesos. 

 

En la siguiente edición se proporcionará  información detallada de los programas donde se desvió el recurso.

 

En este sentido, existe información precisa y pruebas del mal  manejo  y  aplicación de los recursos económicos federales y estatales que ha hecho esta administración en lo que se refiere a las adquisiciones, arrendamientos,  contratación de obra, entre otras  operaciones. Todos estos actos han atentado contra los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer verdaderamente a los objetivos a los que están destinados conforme lo establece el artículo 134 de pacto federal.

 

LAS MANOS PINTAS

 

Como lo adelantamos y reiteramos, en la próxima edición daremos a conocer actos de corrupción tangibles por parte del Secretario General del Ayuntamiento, Antonio Pinto Rodríguez, mediante los cuales altera, sustituye y destruye documentación oficial y  registros de documentos; esto último coludido con la encargada de la Unidad de Transparencia del municipio, Claudia Barbosa, quien le debe el puesto a Pinto y es una de sus gentes de máxima confianza.

 

En ese mismo sentido, daremos a conocer actos de corrupción por parte del Procurador Social Juan Hernández, mediante los cuales cobra enormes cantidades de dinero a distintos lugares que operan giros restringidos, unos sin contar con licencia de operación y otros para operar en horarios extraordinarios sin contar con el permiso correspondiente… sino pregúntenle a Cuauhtémoc Villalobos cuál fue la razón por la que su compadre “El Mochilas” lo removiera en forma ilegal del puesto de Director General de Inspección y Reglamentos. (Artículo publicado en la edición impresa actualmente en circulación)

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