Por Jorge Olmos Contreras

Antonio Lugo Morales no llegó a Bahía de Banderas por hambre, ya la traía. Él sólo quería que su amigo, el senador Manlio Fabio Beltrones lo pusiera donde hubiera modo de agarrar algo. Y así fue, Manlio operó para que Lugo fuera nombrado delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en el vecino municipio nayarita y sacara adelante el proceso en donde impusieron a José Gómez como candidato a la alcaldía.

Por Jorge Olmos Contreras

Afligido y nervioso porque las encuestas no lo favorecen en nada y porque la desbandada de priistas está en grande en Bahía de Banderas, José Gómez comienza a cavar su propia tumba política y reacciona virulentamente contra todos aquellos que se atreven a criticarlo, ya sea en los medios de comunicación o en las redes sociales.

Rodeado por auténticas rémoras, José Gómez se hizo de un equipo de prensa que está peleado con todos los medios y desde ahora manda señales del autoritarismo que saldrá a relucir si llega a ser presidente municipal, aunque a lo que se observa, se encamina a una dolorosa derrota que seguramente provocará la ira del fiscal Edgar Veytia, su principal promotor.

Una de las compañeras de prensa que ya fue duramente atacada por un periódico –cuyo dueño es compadre de José Gómez—por atreverse a criticar a un cuñado de José Gómez, fue Carolina Gómez Aguiñaga, quien la tarde del miércoles en el noticiero de La Patrona que ella conduce, fijó muy clara su postura con respecto a políticos que son muy sensibles de piel, como las serpientes, y se erizan a la primera critica.

SUS PROMOTORES

El caso de José Gómez es emblemático en Bahía de Banderas, fueron los empresarios más voraces de Nuevo Vallarta los que presionaron al gobernador Roberto Sandoval –junto con el fiscal Veytia—para que se impusiera por “dedazo” al muchacho organizador de bailes masivos como pre-candidato oficial del PRI, que está a unas horas de hacerlo su abanderado oficial para las elecciones de julio próximo.

Personajes con un largo historial de pillaje y depredación como Daniel Chávez Morán, dueño del Grupo Vidanta que maneja los hoteles Mayan Palace y que se apropió de calles públicas; Fernando González Corona, quien nunca explicó la muerte de su socio Mark Puerner y que incluso originó una investigación de parte de autoridades estadounidenses por tratarse de un ciudadano norteamericano; Graziano Sovernigo, otro pillo de calles públicas y la cereza del pastel, Alfonso Rizzuto, dueño del hotel Marival y La Marina del mismo nombre, ligado a la mafia de Montreal a través de su pariente Vito Rizzuto.

Estos son los principales promotores de la candidatura de José Gómez, quieren seguir depredando y apoderándose de grandes extensiones de áreas públicas mediante el chantaje de la creación de empleos y la inversión turística.

Por cierto, la Comisión Charbonneau de Canadá investiga todas las inversiones del clan Rizzuto, luego de que un contratista, Lino Zambito, declarara ante la policía que la mafia de Montreal encabezada por el viejo Rizzuto, controlaba todos los contratos de obra pública del Ayuntamiento de esa ciudad y tenía dinero sucio en las obras de aguas subterráneas.

LA MAFIA DEL MARIVAL

Las investigaciones de la Comisión Charbonneau podrían llegar hasta Nuevo Vallarta, para esclarecer hasta donde hubo dinero de la mafia en las inversiones de Alfonso Rizutto, hoy promotor de la candidatura de José Gómez.

De hecho, Lino Zambito habría financiado un viaje de golf a México, según un informe de CBC Domingo, mientras Radio Canadá obtuvo fotos de esta visita al hotel Marival, que es propiedad, entre otros --dice un reporte de prensa—del padre de Lino Zambito, ligado a la mafia.

En Península Nuevo Vallarta –propiedad de Felipe Tomé, otro cuestionado empresario que estaría feliz si gana José Gómez— al parecer posee un lujoso condominio la primer ministro de Quebec, Pauline Marois, quien  habría comprado el inmueble en julio del 2013 y presuntamente tiene como vecino a Paolo Catania, un constructor de viviendas, hijo de Frank Catania, otro personaje que se encuentra bajo investigación de la Comisión Charbonneau, y quien fue detenido por una Unidad Especial de lucha contra la Corrupción.

Como verán ustedes, los promotores de José Gómez no tienen buena reputación, pero sí el suficiente poder como para doblegar la voluntad del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, quien no quería, ni quiere a José Gómez de candidato, pero que va a aceptar semejante imposición por alguna poderosa razón.

CUENTAS PENDIENTES

Y como señalamos en otro escrito, ni el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, ni el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) de la Secretaría de Gobernación han reparado en las consecuencias político-electorales que traería al PRI y al mismo gobierno la imposición de José Gómez como candidato a la alcaldía que hoy dirige su corruptísimo cuñado, Rafael Cervantes Padilla.

La información delicada sobre el abanderado priista comienza a fluir a cuenta gotas, pero con suficiente rigor como para que en Bahía de Banderas se prendan focos rojos sobre este “dedazo”, que insistimos, le va a costar muy caro al PRI gobierno.

Tan sólo un ejemplo de lo que viene en materia informativa es la relación que José Gómez tuvo con el tristemente célebre narcotraficante Alejandro Núñez Rivas (a) “El Chilango”, el jefe de la plaza de Los Zetas cuando este cártel controlaba todo el corredor desde Bahía de Banderas hasta Tepic.

José Gómez era el promotor y organizador de los bailes masivos, pero el “El Chilango” era quien controlaba estos eventos, era una especie de socio de José, pues mientras el narcotraficante ya fallecido se encargaba de la logística y seguridad y además se llevaba una importante suma de dinero por cada baile, José atendía a los invitados especiales, difundía la publicidad en prensa y radio y al final se repartían las ganancias.

Cualquier persona que interfiriera en los bailes y que no fueran del grupo de Los Zetas o gente de José Gómez, eran literalmente masacrados, ejecutados o los desaparecían.

Durante el reinado del “Chilango” en Bahía de Banderas, muchas personas fueron desaparecidas, hubo muchos asesinatos que nunca se resolvieron y de todo ello estaba informado José Gómez, como un agente de tránsito al que prácticamente sacaron de su casa y jamás se volvió a ver… hasta la fecha sigue desaparecido.

Hasta dónde estaba metido José Gómez con Los Zetas y hasta dónde está hoy involucrado con personajes de delincuencia organizada, esa es la pregunta que debemos hacernos para evitar que Bahía de Banderas siga secuestrada por grupos de malosos por un lado, y por empresarios voraces y ventajosos por el otro.

Recuerden que Graziano Sovernigo nada hizo para denunciar el allanamiento de su propiedad, el desarrollo Bay Green en el campo de golf El Tigre por un comando de Los Zetas que entraron con armas largas para secuestrar al hijo del extinto capo Nacho Coronel y asesinar al conocido joven vallartense Luis Fernando Gurrola Coronado.

Como estas informaciones, van a seguir surgiendo otras más que nos van a dibujar a la perfección quién es José Gómez, un joven adulto contaminado por la ambición del poder y sus relaciones peligrosas, quien seguros estamos, seguirá enviando a sus lacayos a golpear a los periodistas de la prensa seria, tanto de Puerto Vallarta como de Nuevo Vallarta.

Y ya saben, cuando no tienen argumentos, recurren a lo más bajo, a la vileza, al descredito, a la descalificación, a la ofensa banal y simplista que lejos de provocar alguna reacción, sólo causa  risa, por tratarse de trabajos por encargo; por encargo del propio José Gómez quien ya pidió a su prensa ruin y chayotera que empiece a golpear en ciertas columnas y notas a todo aquél reportero o persona común que ose criticarlo.

Pero el efecto boomerang es lo único seguro que tiene José Gómez cuando recurre al golpeteo para tratar de acallar a sus críticos. El y nadie más que él es quien pierde en la arena pública, sus lacayos sólo le quitan dinero y lo dejan desprotegido, pues su fin es lucrativo, son mercaderes a quienes no les importa si gana o pierde el señor Gómez, ellos van por un montón de billetes mal habidos.

En lo político, vale la pena analizar en otro despacho el efecto Paniagua, el verdadero fiel de la balanza que será determinante en la derrota de José Gómez.

Y sino, al tiempo…

Por Jorge Olmos Contreras

La regidora Doris Ponce Aguilar es una mujer que logra lo que se propone cuando utiliza el chantaje de por medio para obtener prebendas y canonjías de parte del presidente municipal, tal y como sucedió durante la Semana Santa, donde le dieron manga ancha para que hiciera negocios con los permisos de venta de cerveza en las playas de Puerto Vallarta.

Aprovechando ciertos recovecos legales y la ausencia de decenas de concesionarios de la zona federal marítimo terrestre, Doris Ponce Aguilar permitió que se instalasen pequeños puestos y carpas que estuvieron vendiendo cerveza a todo el turista o paseante que anduviera en las playas.

Cabe precisar que Doris Ponce es la titular de la Comisión de Reglamentos al interior del Ayuntamiento, por lo que tiene contacto directo con el Jefe de Reglamentos, Jorge Quintero Alvarado, por lo que puede maniobrar a la perfección para otorgar permisos verbales de venta de productos en donde sea, como en las playas, sin que nadie moleste a quienes se benefician con los favores de la edil del Movimiento Ciudadano.

Es tan simple como entregar una lista de los agraciados con  los que Doris Ponce pudo haber hecho negocios debajo de la mesa, y pedirle o casi ordenarle al Jefe de Reglamentos que no moleste a los dueños de los puestos que ella le señale.

Así pudieron operar al margen de la ley decenas de puesteros que hicieron su agosto en pleno abril durante la Semana Santa, de ahí que se observaran tal cantidad de negocios con venta de cerveza para llevar, por lo que la regidora está obligada a dar una explicación pública o al menos dar un informe pormenorizado de cuántos permisos se dieron por escrito y cuántos verbalmente, y sobre todo, quiénes fueron los beneficiados y cuánto se cobró por cada favorcito.

Aquí habría que preguntarles a los regidores quién de ellos se apunta para cuestionar a su compañera del pleno por la proliferación de puestos con venta de bebidas alcohólicas.

Y como señalamos líneas arriba, Doris Ponce recurrió al chantaje para que el alcalde Ramón Guerrero le diera amplio margen como presidenta de la Comisión de Reglamentos y manejara a su antojo la venta de permisos, pues ni la Oficial Mayor de Padrón y Licencias, Iris Ulloa pudo intervenir para autorizar o prohibir tales autorizaciones.

El chantaje fue muy sencillo: Doris Amenazó con declararse regidora independiente o retirarle el voto a Ramón Guerrero en las próximas sesiones de Ayuntamiento, si no le cumplían con lo que pedía, es decir, manejar a discreción la venta de permisos en las playas.

Pero si Doris Ponce habría hecho negocios con dichos permisos verbales, el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Jalisco, Sergio Hernández González no se quedó atrás, y por increíble que parezca, también otorgó permisos para le venta de cerveza en las playas de Puerto Vallarta para la venta de cervezas.

Sergio Hernández González –ex regidor de la Comisión de Ecología en Zapopan—hizo a un lado al encargado de la oficina de la Semarnat en Vallarta, Julio César Juez Ruiz, para extender y firmar permisos durante la Semana Santa.

Tenemos conocimiento que “regaló” esos permisos a ciertas personas que tienen que ver con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que violando el espíritu del artículo 115 constitucional, desconoció al gobierno municipal para autorizar dichos permisos.

La polémica se armó en grande cuando los inspectores del Ayuntamiento quisieron clausurar los puestos autorizados por el funcionario federal y en minutos comenzaron a llegar llamadas al teléfono celular del Jefe Jorge Quintero para advertirle que se metería en problemas si cerraba estos negocios.

La mayoría de esas llamadas fueron de políticos identificados con el PRI, incluso le recordaron a Arturo Gradilla Ulloa –quien labora en esa área—que la Semarnat podía autorizar cualquier concesión de venta de mercancías o productos en la zona federal, como en las playas.

A Jorge Quintero le recordaron que además la regidora Doris Ponce había autorizado permisos verbales y que la Dirección de Inspección y Reglamentos no había hecho nada para impedir la venta de cerveza. Y además, que qué le parecería si llegaran inspectores federales de Semarnat y quisieran clausurar los puestos de playa que ellos no habían autorizado.

Total que el negocio se hizo desde dos vías, los permitidos por Doris Ponce Aguilar y los que firmó el delegado estatal de la Semarnat, el contador Sergio Hernández González, además de los que se habrían autorizado legalmente y cuyo dinero entró a la Tesorería Municipal.

Sin embargo, se desconoce cuántos permisos se autorizaron mediante recibos o documentos oficiales y cuánto dinero ingreso a las arcas municipales por este concepto.

Por el momento, el secretario nacional del medio ambiente, Juan José Guerra Abud debería tener mucho cuidado y vigilar de cerca lo que está haciendo su delegado en Jalisco, quien se atreve incluso a firmar permisos de venta de cerveza en las playas de Puerto Vallarta.

Sergio Hernández González ha sido muy cuestionado por su nombramiento al frente de la Semarnat Jalisco, se dice que fue impuesto por el diputado federal del Partido Verde, Enrique Aubry de Castro Palomino y que como contador público no reúne las características profesionales para dirigir la política del medio ambiente en la entidad.

De la regidora Doris Ponce no hay mucho que decir, ella siempre se ha dirigido por el camino chueco, así lo hizo con los permisos de puestos en las pasadas peregrinaciones y lo vuelve a hacer con los de venta de cerveza en Semana Santa.

Dos funcionarios, sin duda, deshonestos

Por Jorge Olmos Contreras

Con la candidatura del PRI –para alcalde Bahía de Banderas-- prácticamente en sus manos, el “señor de los bailes”, José Gómez Pérez todavía no explica a la opinión pública cómo es que se involucró en un crimen que se cometió en contra de un compadre suyo en la Ciudad de México y cómo guardó absoluto silencio sobre la sociedad que tenía con el ejecutado, un abogado de nombre Moisés Andrade, en hechos ocurridos en el 2008.

José Gómez, junto con un contratista del Ayuntamiento de Puerto Vallarta en la administración de Javier Bravo, de nombre Antonio Ugalde, formaron una empresa a la que invitaron a Moisés Andrade, un conocido licenciado tanto de Bahía de Banderas como de Vallarta, pero un día fue asesinado en circunstancias nada claras cuando llegaba a la capital del país.

Ni Antonio Ugalde, ni José Gómez, pudieron dar una explicación de la ejecución de su socio, sin embargo, fueron los beneficiarios de la sociedad, una empresa constructora que manejaba millones de pesos y donde se sospechaba había lavado de dinero.

Hasta ahora, ni el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), ni el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, han alertado a la dirigencia de ese partido, tanto en el contexto nacional, como estatal y municipal, para advertir lo que puede destaparse contra José Gómez y su relación con el artero homicidio de su compadre Moisés Andrade.

En el 2007 y a principios del 2008, escribimos lo siguiente con respecto al homicidio de Moisés Andrade Reyes:

LA HISTORIA

“La siguiente, es la historia de un crimen que, como tantos otros, permanecen en el limbo, en espera de que alguien devele su misterio y ponga al descubierto el o los autores intelectuales. En este caso, se trata de una sociedad que terminó mal entre compadres, quizá por la ambición de hacerse de dinero fácil y para quitar de en medio a quien no entendiera que cinco millones de pesos es dinero suficiente como para mandar asesinar a alguien, así se trate del amigo de toda la vida o del padrino de sus hijos.

Esto fue lo que le sucedió al abogado vallartense, Moisés Andrade Reyes, quien junto con su compadre, José Gómez Pérez y el ingeniero Antonio Ugalde formaron una compañía constructora sin saber que a la larga, dicha sociedad terminaría con un crimen: el asesinato de Moisés, quien el pasado seis de febrero fue ejecutado por desconocidos cerca de unos juzgados del Distrito Federal, a donde Andrade Reyes fue invitado mediante presuntos engaños y mentiras por el propio Ugalde, amigo íntimo del asesinado.

En todo esto, sin lugar a dudas una pieza clave en la ejecución de Andrade es el propio ingeniero Antonio Ugalde, toda vez que fue él quien se llevó a la capital del país a Moisés Andrade, quien sólo regresó en un ataúd.

En esta historia de embrollos, aparece también José Gómez Pérez, dueño de la discoteca Xanadú de San José del Valle y que durante mucho tiempo fue secretario particular del alcalde de Bahía de Banderas, doctor Jaime Cuevas, ya que él habría sido quien sugirió a Ugalde llevarse a Moisés al Distrito Federal, donde finalmente sería muerto a tiros.

Por cierto, algunos columnistas habían hablado muy bien de José Gómez Pérez, le auguran un prometedor futuro político, sin saber que, pese a su corta edad, ya está metido en un lío tremendo que deberá aclarar en su momento a las autoridades ministeriales.

LA SOLICITUD

Mediante Ley de Transparencia, este columnista solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal información sobre el crimen contra Moisés Andrade, por lo que el encargado de la oficina de información pública de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de esa dependencia, José Luís Arce Aguilar, respondió en tiempo y forma a dicha petición. En los documentos que comprenden cuatro fojas útiles no certificadas, se encuentran datos del homicidio contra Andrade Reyes, quien recibió dos balazos por la espalda por uno o dos desconocidos que se dieron a la fuga.

Lo curioso del crimen, es que los pistoleros llegaron directamente a asesinar al abogado de Puerto Vallarta, sin dirigir su ataque al acompañante de Moisés Andrade, es decir, a Antonio Ugalde, quien sólo presenció cómo fue ejecutado su compañero y cómo el o los asesinos huyeron. Es más, los asesinos ni siquiera voltearon a ver a Ugalde, ya sabían a lo que iban, cuál era su misión y por lo tanto, el trabajo habría sido por encargo; no se trataba de un asalto o robo con violencia, sino toda una ejecución profesional a cargo de matones a sueldo.

Así las cosas, Antonio Ugalde rindió su declaración ante el Ministerio Público del D. F., pero se desconoce qué dijo por tratarse de una Averiguación Previa cuyo contenido no puede darse a los medios de comunicación por tratarse de una indagatoria; sin embargo, en Puerto Vallarta comienzan a salir más datos que hablan de una presunta conspiración de los amigos de Moisés para desaparecerlo, debido a que entre los socios se habría dado una disputa por cinco millones de pesos que no fueron entregados a sus verdaderos dueños.

La especulación en torno a este crimen se ha desatado aún más, debido a que los familiares del occiso no han querido declarar nada, se escoden, como si algo temieran, incluso el padre y la esposa de Moisés Andrade ni siquiera denunciaron el homicidio ante el Ministerio Público del Fuero Común en Puerto Vallarta, sólo se limitaron a velarlo en la funeraria Celis y a sepultarlo en el panteón de la colonia El Progreso.

La Procuraduría del Distrito Federal sí abrió una Averiguación Previa en torno a este homicidio, pero para que los agentes de la Ciudad de México vengan a Puerto Vallarta a investigar el crimen, será necesario que los familiares o la esposa lo soliciten e insistan para que se esclarezca la ejecución de Andrade.

Una de las formas en que la PGJDF podría actuar en este caso, es que los familiares de Moisés interpongan una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ésta a la vez solicite a la Procuraduría del D. F. su inmediata reacción para esclarecer los hechos, lo que comprendería que agentes judiciales del Distrito Federal se trasladaran a Puerto Vallarta y pidieran el apoyo de sus homólogos de Vallarta para comenzar las investigaciones que conduzcan con él o los autores intelectuales del crimen.

El principal sospechoso, Antonio Ugalde fue quien incluso se hizo cargo de los gastos de los servicios funerales, así como del traslado del cadáver de Moisés de la ciudad de México a Vallarta.

En tanto, la viuda de Andrade, de nombre María, no ha querido involucrarse en la investigación de la muerte de su marido, pero sí, en cambio, ha estado muy interesada en tratar de cobrar los seguros de vida que tenía el esposo, ya que ha intentado contratar abogados para que la auxilien en estos menesteres.

Como dato importante, la esposa de Moisés Andrade –hoy viuda de Andrade-- también figura en la empresa que su esposo tenía con Ugalde y José Gómez Pérez, incluso se sabe que los socios se han movido y llevado a cabo maniobras legaloides con tal de sacar a María de dicha sociedad.

En todo esto, un papel importante lo juega un sujeto de nombre “Gerardo” que al parecer también es socio de los otros tres, Ugalde, José Gómez y el muerto, ya que según un informante, este tipo habría amenazado de muerte a Antonio Ugalde por una deuda de cinco millones de pesos, pero al final matarían al abogado Andrade, al confundirlo supuestamente con Ugalde, quien ahora se pasea muy tranquilo en sus camionetas del año por todos los rincones de Puerto Vallarta.

LOS SOSPECHOSOS

Sin embargo, las sospechas siguen recayendo en Antonio Ugalde, ya que este señor es originario del Distrito Federal –donde curiosamente mataron al abogado vallartense—y su reputación en Puerto Vallarta no es muy buena, ya que hasta su compadre presidente del PRI, Jorge Luís García Delgado se expresa de él con el calificativo de “mafioso”.

Antonio Ugalde, según la investigación periodística del columnista, ingresó a la campaña del ex candidato del PRI a gobernador del Estado, Arturo Zamora por recomendación de Rafael Yerena Zambrano, pero poco después salió del equipo de Zamora.

Después, habría ocupado un cargo público en la actual administración municipal, pero poco después dejó el puesto por razones desconocidas. Pero Ugalde no dejó del todo la Presidencia Municipal, ya que él y su hermana se alquilan para asesorar a los ciudadanos que requieren de algún trabajo de construcción y ofrecen sus servicios a las afueras de la Dirección de Planeación y de Obras Públicas.

EL DUEÑO DE LA DISCOTECA XANADU

Por otra parte, otra persona clave para esclarecer el crimen de Moisés Andrade y su móvil, es el dueño de la discoteca “Xanadú” de San José del Valle, Nayarit, José Gómez Pérez, quien además de ser compadre de Andrade, fungía como el secretario particular del alcalde de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas Tello, quien al menos debería dar una explicación a la opinión pública de las actividades de su querido secretario particular”.

Hasta ahí la columna que escribimos hace años sobre el caso del abogado muerto y sus compadres.

Hoy surgen más datos que dejan en muy mala situación a José Gómez Pérez, quien en los tiempos de bonanza de su compadre muerto, traía una vistosa camioneta Scalade.

Este miércoles 23 de abril, José Gómez Pérez será ungido como candidato del PRI a la presidencia municipal de Bahía de Banderas

los abogados. Se ha metido en muchos líos por tomar juicios calientes, como el del hotel Palma Real de Jarretaderas, donde fue denunciante y defensor de la misma persona. Sin embargo, su ambición lo llevó a aceptar un caso que casi le cuesta la vida, el de ejecutar embargos de unos terrenos de El Porvenir donde está en juego un desfalco contra los ejidatarios por más de siete millones de pesos.

Por Jorge Olmos Contreras

Él ya sabía que estaba metido en un lío grande, estaba nervioso, no podía conciliar el sueño de tanto pensar en que ya le habían enviado una amenaza velada para que no se metiera en un pleito jurídico de terrenos de El Porvenir, en Bahía de Banderas en el Estado de Nayarit, donde un vivales ha tratado de quedarse con más de 100 hectáreas de los ejidatarios del lugar mediante artilugios jurídicos y aprovechándose de un poder que los campesinos le dieron para realizar una transacción con la constructora de vivienda Homex.

El origen del “levantón” que le dieron al abogado Daniel Hermosillo Anchondo la tarde del 28 de enero en el estacionamiento de la farmacia Guadalajara de “La Aurora”, podría estar precisamente en El Porvenir, donde los hijos de uno de los ejidatarios afectados por el proceder de Hermosillo y de un ingeniero de nombre Sergio Díaz Amezcua, habrían recurrido a pistoleros para evitar ser despojados de alrededor de 12 hectáreas.

De hecho, Sergio Díaz Amezcua es la clave del conflicto entre los ejidatarios y la constructora Homex; es a él a quien buscan por todos lados para ajustar cuentas, comentan vecinos de El Porvenir que piden que no se divulgue su identidad, prefieren permanecer en el anonimato, porque –dicen—el problema es muy fuerte y han intervenido personas armadas “pero el ingeniero no se deja ver por aquí”.

MUERTOS DE MIEDO

Un día, por ejemplo, dos abogados de Puerto Vallarta llegaron al Juzgado Primero de lo Civil de Bucerías para ejecutar el embargo de uno de los terrenos en disputa, pero antes de que arribaran al lugar fueron interceptados por hombres que portaban armas largas, quienes les advirtieron que no ejecutaran o se atuvieran a las consecuencias, que se fueran de ahí y los licenciados, entre ellos una mujer, se regresaron muertos de miedo a Vallarta.

Sin embargo, Daniel Hermosillo Anchondo no entendió las señales que le habrían enviado y aunque él mismo comentó en corto al reportero que ya había sido amenazado por este caso, decidió seguir en el juicio y en eso andaba, tratando de embargar los terrenos propiedad de los ejidatarios cuando sobrevino el “levantón”. Le dieron el susto de su vida, anduvo algunos días con guarda espaldas y en las primeras horas de transcurrido el incidente, no quiso ir a declarar al Ministerio Público, tenía mucho miedo.

EL ORIGEN DEL PROBLEMA

Para entender el problema, hay que trasladarnos al año 2007, cuando la Desarrolladora Homex de Culiacán, Sinaloa compró 100 hectáreas a 19 ejidatarios del ejido El Porvenir. El precio acordado fue de dos millones 200 mil pesos cada hectárea, es decir, el monto total ascendía a 220 millones de pesos.

El intermediario o bróker de la transacción fue el ingeniero Sergio Díaz Amezcua, quien pidió a los 19 ejidatarios que le firmaran contratos mercantiles para poder hacer el trabajo de la compra venta y poder cobrar la respectiva comisión por haber conseguido un comprador “serio” para sus tierras. También les pidió que le entregaran un poder especial para llevar a cabo todos los trámites.

Sin embargo, ese mismo año 2007, la Desarrolladora de Vivienda Homex cayó en crisis y suspendió todos los pagos, nunca finiquitó los dos millones 200 mil pesos por cada una de las 100 hectáreas. De hecho sólo alcanzó a cubrir el 40 por ciento de los pagos, a algunos les entregó más y a otros menos, según el número de hectáreas que vendieron.

Los ejidatarios se desesperaron al ver que los habían timado, pues les entregaron una ínfima cantidad de lo acordado y para acabarla de amolar, vieron que el tal Sergio Díaz Amezcua poseía los contratos mercantiles, leoninos de origen, donde los obligaba a pagarle cientos de miles de pesos por la comisión de una transacción que nunca se terminó, pues quedó a medias.

DEMANDAN ANULACION DEL CONTRATO

Por ello, ocho de los 19 ejidatarios demandaron ante el juzgado civil de Bucerías la anulación del contrato por ser lesivo a sus intereses, entre otros, la señora Manuela Monteagudo Quiñonez, una de las que más ha peleado porque no le arrebaten sus 12 hectáreas que tasaron en 26 millones 400 mil pesos y de los cuales sólo le dieron migajas.

Otros de los que demandaron fueron Luis Ramírez García, Rodolfo Villanueva Chávez, Ana María Verde Ponce, Manuel Encarnación Cárdenas, Victoriano Encarnación Cárdenas, José de Jesús Díaz Guerrero y María del Rosario Torres Rodríguez.

Todos ellos entregaron documentos del dominio pleno de sus tierras para cerrar la compraventa, pero el ingeniero Díaz Amezcua se aprovechó de ellos, sacó ventaja y para cobrarse una millonaria comisión de un trabajo que no terminó, intentó embargar algunos de los terrenos, entre otros, los de Manuela Monteagudo Quiñonez.

Incluso, Sergio Díaz actuó de mala fe en contra de los ejidatarios, a Manuela Monteagudo y a otros los demandó por la vía mercantil ordinaria, según el expediente 470/2009, donde el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil en Bucerías, el 28 de marzo del 2011, sentenció a Manuela Monteagudo a pagarle a Sergio Díaz Amezcua. 

La sentenciada fue confirmada además por los magistrados Jorge Ramón Marmolejo Coronado, José Guadalupe Campos Hernández y Rodolfo Adrián Rodríguez Alcantar, --quienes integran la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del estado--, el 14 de junio del año 2012.

En esta etapa es donde surge el verdadero problema, pues de alguna manera Sergio Díaz Amezcua recurre al ex director de tránsito municipal de Bahía de Banderas, Miguel Ángel García Romero, mejor conocido como “Miguelito Romero”, y éste a su vez contacta al abogado de Vallarta, Daniel Hermosillo Anchondo, con quien se asoció para tratar de ejecutar los embargos, trabajo por el que les pagarían una interesante cantidad de dinero.

LA VERSIÓN DEL EJIDO

El presidente del ejido de El Porvenir, Martín Castro Camacho y su tesorero, Alfonso Nolasco, aceptaron charlar con VALLARTA UNO y contaron su versión.

Afirmaron que en realidad se trata de 24 ejidatarios los que vendieron a Homex a través de dos personas, uno de ellos es Sergio Díaz Amezcua y el otro es ni más ni menos que Alí Farah --un vendedor de bienes raíces con muy mala reputación y que se ha involucrado incluso en casos de lavado de dinero--; la venta fue de más de 100 hectáreas a razón de 220 pesos el metro cuadrado y la promesa que les hicieron fue entregarles el 50 por ciento del dinero a la firma del contrato y el otro 50 por ciento cuando entregaran el dominio pleno de las tierras.

Asimismo, habrían acordado pagar 100 mil pesos por cada hectárea al bróker y otros 100 mil al ejido por concepto del derecho al tanto.

Pusieron un plazo de 10 años para pagarles la parcela, a algunos ejidatarios le dieron cuatro millones, sostiene Martín Castro, pero a otros Homex sólo les dio el 10 por ciento de lo acordado.

Y reconoce que a unos tres ejidatarios sí los embargaron por este caso, y que Manuela Monteagudo no es dueña de 12, sino de nueve hectáreas.

TERRENOS CODICIADOS

Estos terrenos son muy codiciados porque se encuentran entre Bucerías y San Vicente, en la zona conocida como “Brasiles”, incluso ahí estaba proyectada la construcción de la nueva presidencia municipal de Bahía de Banderas, pero el proyecto quedó trunco por la corrupción que impera en el Ayuntamiento del alcalde Rafael Cervantes Padilla.

Muchas personas han llegado con el cuento de tener compradores millonarios para estas tierras, como un tal “Don José”, que venía de Colima y quien le pidió mucho dinero a los ejidatarios como pago de honorarios porque les aseguró que tenía una persona que les compraría la hectárea a 4.5 millones de pesos, pero cuando un visitador agrario, Manuel Alonso Castellón habló a ese Estado para preguntar referencias de él, nadie lo conocía, sólo fue uno más que sorprendió a los campesinos.

El turno le tocó a Daniel Hermosillo Anchondo, quien estuvo a punto de pagar culpas ajenas –pues se asegura que lo iban a matar por prestarse al juego de Sergio Díaz Amezcua--, pero tuvo mucha suerte cuando fue “levantado”, pues a sus captores se les atravesó un agente de tránsito que siguió la camioneta donde lo llevaban, pidió refuerzos y sus secuestradores tuvieron que abandonarlo junto con la troca, no sin antes darle varios cachazos en pleno rostro.

La propietaria del River Café y actual presidenta de la Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en Puerto Vallarta, Evangelina Sánchez Dueñas, está metida en un lío judicial desde hace cinco años, tiempo en que se asoció con el empresario Antonio Galindo Ochoa para que éste le surtiera camarón y otros mariscos desde Sinaloa a una bodega de la colonia La Vena, pero en el proceso la señora lo habría defraudado, cometido un presunto desfalco en agravio de su socio y además se ha negado a liquidarle el reconocimiento de un adeudo que asciende a 700 mil pesos.

Por Jorge Olmos Contreras

Evangelina Sánchez es una dama de sociedad en Puerto Vallarta, todos la conocen, con frecuencia su restaurante que se ubica en la isla del río Cuale es visitado por políticos, empresarios, periodistas, artistas, deportistas y turistas distinguidos, pero pocos se imaginan que detrás de esa señora de sonrisa bonachona se esconde una mujer fría y calculadora, que no se la pensó dos veces para presuntamente desfalcar a un hombre que había depositado toda su confianza en ella y que al final sólo se aprovechó de las circunstancias para tomar dinero y productos ajenos en agravio de su víctima.

Esta es la historia de un presunto desfalco, un abuso y un despojo cometido por Evangelina Sánchez en contra de Antonio Galindo Ochoa, quien la demandó por la vía civil ordinaria en el Juzgado Primero de lo Civil, --según expediente 498/2013-- en donde por extraño que parezca, el pasado 24 de enero el secretario de acuerdos, Jorge Luis Moreno Escobar y la juez, Lourdes Angélica Delgado Álvarez dictaron una resolución en contra del demandante para proteger a Evangelina.

Sin embargo, el 10 de febrero la defensa de Galindo Ochoa apeló y el caso será ventilado en los próximos días en una de las salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), donde los magistrados van a deliberar sobre esta resolución que tiene tintes de atentar contra el marco del derecho, sostiene el abogado defensor del afectado, ya que presentó en tiempo y forma pruebas suficientes de cómo Evangelina Sánchez lo habría desfalcado y despojado de su mercancía, hechos que además fueron constatados por testigos, entre otros quien fue administrador de la bodega, Guillermo N.

El Consejo de la Judicatura está obligado a investigar lo que sucede en el Juzgado Primero de lo Civil en Puerto Vallarta, ya que el abogado de Evangelina Sánchez es Vicente Carrillo, quien también fue juez civil en este puerto y que fue inhabilitado por 10 años para ejercer la función pública por un caso de corrupción de facturas de automóviles. Este señor es íntimo amigo del secretario de acuerdos, Jorge Luis Moreno y de la propia juez, Lourdes Angélica Delgado, de ahí que al parecer se hayan confabulado para perjudicar a Antonio Galindo Ochoa dándole palo en su demanda y además condenándolo al pago de gastos y costas del juicio civil ordinario.

CHICANADAS

Pero no sólo eso, en el proceso del caso que lleva ya cinco años, al empresario camaronero le “traspapelaron” el expediente cuando el juicio estaba radicado en el Juzgado Tercero de lo Civil, donde despachaba otro juez,  Jesús Carlos de Anda, con la clara intención de que no presentara un recurso de inconformidad en tiempo y forma.

Para Galindo Ochoa, Evangelina Sánchez es una “vaquetona” que se ha atrevido a decir que “no me debe nada, cuando ella misma me pagó 350 mil pesos para que me desistiera de dos denuncias penales” que interpuso contra la presidenta de la Canirac, dice en entrevista.

Toda esta historia comenzó en el 2010, tiempo en que Refugio Ramón Trujillo, un albañil le presentó a Antonio Galindo a Evangelina Sánchez para establecer una sociedad e instalar una bodega en la colonia La Vena para guardar camarón y comercializarlo. Al empresario le agradó la idea y de entrada invirtió 300 mil pesos para arrancar el negocio, por lo que hizo dos envíos de camarón por más de un millón de pesos desde Sinaloa.

Después trajo cabrería, callo de hacha y otros productos marinos y dejaban todo a cuidado de “Memo”, pero Evangelina estaba a cargo de la bodega y descuidó todo, incluso dos muchachos que trabajan ahí fueron descubiertos con faltantes de 180 mil y 130 mil pesos respectivamente –uno de ellos todavía anda huyendo-- y con el paso del tiempo, Evangelina nunca entregó cuentas claras, hasta que Antonio Galindo le reclamó que le pagara todo lo que había invertido, pero la señora sólo firmó un papel con su puño y letra donde reconoce un adeudo por 700 mil pesos.

JUZGADO PROTEGE A VICTIMARIOS

Con estas y otras pruebas, la demandaron, pero el Juzgado Primero torció todo y protegió a Evangelina, de ahí que la defensa de Antonio Galindo haya presentado el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada el 24 de enero pasado

De acuerdo con el documento, al que VALLARTA UNO tuvo acceso, el abogado de Galindo Ochoa reclama como primer agravio en contra de su cliente “la ilegal y arbitraria resolución por haberse dictado contraria a derecho y a las pruebas desahogadas, como el testimonio y confesión de la demandada, con lo que se violó el principio regulador de la prueba en perjuicio del demandante, pues quedó debidamente acreditado el reconocimiento de adeudo de parte de Evangelina Sánchez”.

Asimismo, indica que una de partes medulares “de la ilegal y arbitraria resolución, se desprende de que en el Juzgado cambiaron el sentido del texto inicial de la demanda que se ofreció como “documental privada” y que es un escrito con copia certificada del 05 de octubre del 2010, donde se señala que un local de la calle Mérida 278 de la colonia La vena se reunieron Evangelina Sánchez Dueñas, Antonio Galindo Ochoa Muza, Paul Estrada Hernández y Luis Carlos Rivas, con el objeto de aclarar los adeudos, entradas y salidas del congelador a cargo de Evangelina y queacordaron lo siguiente: que le adeudaban a Galindo Ochoa 979 mil pesos, firmando de conformidad todos los comparecientes”.

Sin embargo el texto original que ofertó la defensa reza textualmente: “Documental privada, consistente en la carta de reconocimiento de adeudo firmada de su puño y letra por Evangelina Sánchez Dueñas, probanza con la que acredito que aun cuando la hoy demandada firmó por la cantidad de 646 mil 280 pesos, omito reclamarle los 300 mil que me pagó extrajudicialmente”.

CAMBIAN TEXTOS

Esta prueba la relacionó la defensa con todos y cada uno de los hechos de la demanda, “puesel juez transcribió erróneamente, cambiando el sentido de la prueba ofrecida en términos de ley”.

“Lo anterior es así --explica el abogado defensor--, porque aun cuando el documento base de la acción que se exhibió en copia debidamente certificada, es un reconocimiento de adeudo de la demandada por 646 mil 280 pesos, omito cobrarle los 300 mil pesos que me pagó extrajudicialmentey que reconocí de buena fe desde la presentación de mi escrito inicial de demanda, por concepto de un préstamo que le hice a la misma”.

“Sin embargo, reconoció plenamente su adeudo ante la presencia de varios testigos y en audiencia de ley ante la presencia judicial, testigos que comparecieron a ratificar que Evangelina Sánchez reconoció plenamente su adeudo para con el suscrito, lisa y llanamente, sin objetar, ni aclarar absolutamente nada al respecto al momento de estampar de su puño y letra su firma autógrafa”.

“Luego entonces –añade--, a pesar de ser tan claro el documento base, el Juez omite darle el valor probatorio pleno, donde se acredita que Evangelina debe 346 mil 280 pesos y no 640 mil 280 que el juzgador establece en la resolución que se impugnó”.

“Es extraño que la juez haya cambiado el texto original de la prueba documental, lo que sin duda cambia el sentido de la misma en perjuicio de Galindo Ochoa, ya que si bien es cierto que los juzgadores no están obligados a reproducir textualmente los escritos de las partes, para evitar repeticiones innecesarias, también lo es que se encuentran impedidos legalmente cambiar o modificar el sentido de los textos al pretender reproducirlos en sus resoluciones, violando con ello el principio de equilibrio de las partes, lo cual a todas luces es ilegal”, subraya la defensa de Galindo.

MAS TRABAS

Asimismo, agrega, “la juez resolvió que el documento, que fue compulsado con su original, resultó insuficiente para demostrar el perjuicio, ya que lo valoró presuncionalmente”.

No obstante, para el abogado el documento al ser compulsadosurte todos sus efectos legales y por lo tanto tiene pleno valor probatorio, “pero el juzgador omitió el principio regulador de la prueba, aun cuando fue reconocido plenamente por la demandada haber firmado el reconocimiento de adeudo, en forma voluntaria, sin coacción alguna y ante la presencia de sus trabajadores y varios testigos también firmantes y deudores”.

En el proceso, fue interrogada Evangelina Sánchez y en la sesión de preguntas y respuestas cayó en varias contradicciones.

LAS CONTRADICCIONES

Primero dijo que en efecto, se reunió con Antonio Galindo el 05 de octubre del 2010 estando presentes Paul Estrada Hernández y Luis Carlos Rivas Modad, para aclarar los adeudos que tenían con el señor Galindo Ochoa.Que firmó un documento“porque era como un valor de inventario, una hojita a mano que hicieron ahí mismo”. Que la firma que se encuentra en el documento es la que usa habitualmente. Y que ha sido omisa en realizar dicho pago a pesar de múltiples requerimientos.

Luego, dijo que no eracierto que tenía bajo su responsabilidad el camarón propiedad de Antonio Galindo. Negó haber reconocido deber 646 mil 280 pesos, “que no era adeudo”, puntualizó.

De la lectura anterior, asevera Antonio Galindo a través de su abogado, Evangelina Sánchez se encuentra confesa de haber firmado el reconocimiento de adeudo por 646 mil 280 pesos, de los cuales le reclamaron únicamente 346 mil 280; y de haber sido omisa en realizar dicho pago.

Por ello, concluyen que Evangelina sí debe 346 mil pesos mismos que se ha negado pagar a pesar de los múltiples requerimientos

Por todo esto, piden que la sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que revise el caso revoque la sentencia definitiva y condene a la demandada al pago de las prestaciones reclamadas por 346 mil 280 pesos, más gastos y costas que ella originó al no pagar su adeudo a Antonio Galindo.

Sin rendición de cuentas claras a la Asamblea, retiros y depósitos millonarios cuyo origen y destino se desconocen y cheques emitidos por grandes cantidades de dinero que no coinciden con el talonario de la chequera de la cuenta bancaria del ejido, son parte de los malos manejos que se registraron en el núcleo ejidal durante la presidencia de Jorge Mendoza Bernal, quien ya está de regreso y dirige nuevamente las riendas del ejido Las Juntas, pese a protestas de un grupo que no lo quiere por el alto grado de corrupción que imperó durante su anterior gestión.

Por Jorge Olmos Contreras

Jorge Mendoza Bernal es un tipo que no tiene de qué preocuparse para allegarse dinero, pues en el ejido Las Juntas encontró una auténtica mina de oro que le da para gastar a raudales, pero en detrimento del patrimonio ejidal, tal y como lo demuestra una auditoría que se incluyó en el juicio agrario número 634/2010 del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Tercer Distrito con sede en Guadalajara, y en donde se concluye que hay un desfalco descomunal durante la anterior presidencia del comisariado ejidal que le tocó presidir a Mendoza Bernal y que por increíble que parezca, ya está de regreso y dirige otra vez las riendas del ejido Las Juntas.

De acuerdo con la auditoría que realizó el despacho de contadores José Becerra Mejía que tiene 12 años de años de experiencia en el área de auditoría financiera y fiscal –y cuyo documento tuvo acceso VALLARTA UNO--, es factible que se tenga un detrimento al patrimonio del ejido en sus fondos y finanzas “el cual no es posible cuantificar”, por la razón de que no se proporcionaron los documentos en los cuales se muestren la correcta contabilidad de las operaciones del ejido Las Juntas.

Sin embargo, el contador José Becerra, en sus observaciones al manejo financiero del ejido, descubrió que Jorge Mendoza Bernal mintió en la asamblea del 18 de diciembre del 2010, ya que dijo haber entregado 337 mil 480 pesos, más el saldo total de los ingresos del Taxi por 83 mil 988 pesos, es decir, 421 mil 468 pesos al nuevo comisariado, pero en la primera asamblea de la nueva mesa directiva, sólo se contabilizaron 55 mil 950 pesos, resultando una diferencia de 365 mil 518 pesos.

Asimismo, la anterior mesa directiva a cargo de Jorge Mendoza, entregó al comisariado vigente en el 2011, dinero que está resguardado y que es propiedad de Miguel Ángel Vélez Cruz por 229 mil 436 pesos, pero que se desconoce su origen, no se sabe de dónde salieron y no se dio acceso a las actas de anteriores asambleas para verificarlo.

En este sentido, también Jorge Mendoza hizo entrega del fondo común del ejido por cuatro millones 837 mil 826 pesos, de dicha cantidad sólo se etiquetó un millón de pesos para escriturar la unidad deportiva ejidal, quedando tres millones 837 mil 826 pesos, misma que se concentró dizque para el reparto de utilidades a todos los ejidatarios, pero “no se hace mención en los cortes de tesorería si dicho recurso fue repartido entre los ejidatarios y no se proporcionó copia del documento que justifique dicho reparto”.

LA CUENTA BANCARIA

Por si esto fuera poco, el 23 de mayo del 2011 se aperturó la cuenta 00686134844 en Banorte y de entrada ese día se depositó un millón 489 mil 554.20 pesos; y al día siguiente 24 de mayo, se retiró la misma cantidad con cheque de caja, sin embargo, el informe de Tesorería correspondiente a la Asamblea del 29 de mayo, no se hace mención de dicho ejercicio ni de dónde vienen los recursos ni en qué se erogaron.

Para el 30 de agosto del 2011, se registró un depósito por 611 mil 715.84 pesos realizado vía SPEI por Aldi Roxana Vanegas Robles, pero se ignora a qué se debe dicho ingreso, pues Jorge Mendoza no quiso o no pudo proporcionar las actas de Asamblea.

Luego, en diciembre del 2011 se registró otro depósito representativo por 500 mil pesos vía SPEI de la empresa RGL Arrendadora de Inmuebles S. A. de C. V. con registro federal de contribuyentes RAI-081002-GLO por concepto de cuenta a pago de terceros, pero en la asamblea de enero del 2012 (ya que en diciembre 2011 no hubo asamblea) no se menciona dicho ingreso en el reporte que hace la Tesorería.

En el mismo mes de diciembre del 2011, se cobró el cheque número dos por un millón de pesos y revisando los talones de la chequera, dicho cheque es por 500 mil pesos y no tiene concepto del por qué se retiró el recurso.

NO COINCIDEN RETIROS CON LOS TALONARIOS

Ahora bien, a partir del estado de cuenta bancario de junio del 2012, se maneja una inversión por 500 mil pesos, pero tampoco se hace mención en la Asamblea dentro del reporte mensual de la Tesorería.

Las irregularidades son tantas con el manejo del dinero, que en el mes de agosto del 2012 se hace otro retiro por 500 mil pesos del cheque número uno, cobrado el día dos, pero en el talón aparece la cantidad de un millón de pesos, por lo que los talones de cheques traen inconsistencias; en este caso, tampoco se hace mención en qué se gastó dicho recurso.

Para el 14 de noviembre del 2012, se cobró el cheque número seis por 160 mil pesos, pero revisando el talón de la chequera, aparece en blanco,  y el que aparece con dicha cantidad es el número cinco, expedido en favor del señor Felipe Andrade, con el concepto “para pagar lote que vendió el ejido”, sin especificar más detalles.

EL COCHINERO

La falta de higiene en el manejo financiero del ejido Las Juntas es tal, que de la auditoría se desprende que incluso los Impuestos de los Depósitos en Efectivo (IDE) de los meses de septiembre a diciembre del 2011 por cuatro mil 520 pesos, no aparece el retiro por parte de Banorte, sin embargo, en la constancia que expide el Banco, no aparece como pendiente de pago, “lo cual indica que dicho impuesto fue cobrado en otra cuenta bancaria que se tiene ligada a la del ejido”.

Lo anterior, a pesar de que el comisariado “me entregó estado de cuenta de bancos de la única cuenta que manejan, y me comentó que no operan cuentas bancarias adicionales”, señala el contador en su análisis.

Caso similar sucede con el IDE de los meses de enero a abril del 2012, el que asciende a cuatro mil 571 pesos, ya que en las constancias del Banco no aparecen como pendientes de pago y en sus respectivos estados de cuenta bancarios no se tienen los retiros por IDE de cada mes, es decir, parece que también hay una grave evasión fiscal.

En sus conclusiones, el contador José Becerra sostiene que derivado de las actas de asamblea que le proporcionaron el comisario Ludgerio López Amaral, el secretario Victoriano García Román y la tesorera María de los Ángeles Mendoza Rosas, no se mostraron los comprobantes que justifiquen las erogaciones ya mencionadas (durante la presidencia de Jorge Mendoza Bernal), “por consiguiente, no me es posible aseverar que sean gastos reales”.

Respecto al manejo y transparencia de los ingresos y egresos del ejido, no están claros debido a que no se informa en su totalidad a la Asamblea sobre los manejos de sus fondos o finanzas en forma adecuada, puntualiza Becerra Mejía.

Y advierte: “De acuerdo a lo encontrado en la revisión sobre la poco y limitada información, es factible que se tenga un detrimento al patrimonio del ejido en sus fondos y finanzas, el cual no es posible cuantificar”.

En el Ejido las Juntas parece haber un cacicazgo de parte de Jorge Mendoza Bernal –quien hasta puso a su nombre la camioneta suburban del núcleo ejidal--, ya que no obstante los señalamientos del mal manejo de los recursos del ejido, fue elegido recientemente para presidir de nueva cuenta el Comisariado Ejidal, donde volverá a disponer a su gusto del dinero y las cuentas bancarias que se supone es de todos los ejidatarios.

Por otra parte, en cualquier momento podría originarse una investigación por parte de de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para verificar cómo es que el presidente del ejido, Jorge Mendoza Bernal durante su anterior gestión, estuvo haciendo transacciones financieras con un narcotraficante que purga su condena en el penal de Tepic, de nombre Bruno Arreola García (a) “El Gato”, quien además es miembro distinguido del ejido Las Juntas.

Existen grabaciones de las Asambleas –que se exhibirán en otro escrito-- en donde se menciona reiteradamente a Bruno Arreola, de ahí la sospecha del lavado de dinero en dicho núcleo ejidal.

Coludida con un club de prestamistas dirigido por Raúl Enrico Méndez que realizan cobros mediante amenazas veladas y presiones extrajudiciales, la abogada Norma Alicia Rodríguez está metida ahora en un serio problema legal, al violar el depósito de una finca que le confirió la autoridad judicial y de paso ordenar tumbar la casa de un humilde señor que se ubica en la calle Madero de la colonia El Coapinole

Por Jorge Olmos Contreras

Por tratar de quedarse con un predio y tratar de venderlo en 900 mil pesos, la conocida abogada Norma Alicia Rodríguez está metida en un serio problema legal, al no sólo ordenar a unos albañiles que contrató ex profeso derribar la casa de un humilde trabajador, sino que además violó el depósito que le había conferido un juzgado local y que es la propia vivienda que tumbó con picos y palas, sin importarle desalojar arbitrariamente –pues no había orden judicial—al señor José Manuel Belloso y destruirle sus pertenencias, las que dejaron abandonadas en una esquina del terreno.

La Averiguación Previa en contra de Norma Alicia Rodríguez por violación de depósito, despojo, daños en las cosas y lo que resulte, es la número 3053/2013 y está radicada en la Agencia Número Uno del Ministerio Público, ahí se da cuenta de cómo esta licenciada actúa en contra de indefensas personas a quienes asusta con llevarlos a la cárcel y embargarlos por simples prestamos que se autorizan desde la empresa “Airtouch” ubicada en la calle Viena de la colonia Versalles.

Al señor José Manuel Belloso le hicieron un préstamo de poco más de 100 mil pesos, le hicieron firmar varios pagarés y estuvo pagando varios de los documentos, pero al final se atrasó con el último pago y por este hecho lo demandan por la vía mercantil ordinaria en un Juzgado de Bucerías, mientras que en Puerto Vallarta le quisieron hacer efectiva la hipoteca, incluso antes de que el juez correspondiente resolviera si les adjudicaba a Raúl Enrico y sus socios la casa dejada en garantía, es decir, por cualquier lado querían perjudicar a este humilde persona.

La finca que el señor dejó en garantía por el préstamo en “Airtouch”, es la que se ubica en la calle Francisco Madero número 278 de la colonia El Coapinole, pero como a Raúl Enrico le urgía recuperar su dinero, habría dado instrucciones a Norma Alicia Rodríguez para que ésta llevara un grupo de trabajadores hasta ese lugar y tumbaran la casa, sacaran a sus moradores y arrojaran sus cosas a un baldío aledaño, donde actualmente permanecen amontonadas.

Norma Alicia Rodríguez hizo justicia por su propia mano, embarró en este asunto a Raúl Enrico y de paso se metió en un lío judicial muy fuerte, ya que fue denunciada penalmente por estos hechos, ya que sin tener la adjudicación del Juzgado Civil, ella misma se presentó a la humilde vivienda con hombres contratados para que la derribaran, como se muestra en las fotografías.

La lente de VALLARTA UNO fue al lugar de los hechos y, efectivamente, pudo constatar que de la casa sólo quedan escombros y que todos los muebles que había en su interior fueron apilados en otro terreno.

La casa tenía 100.39 metros cuadrados, tiene un valor catastral de 225 mil pesos según la cuenta 23552 de la Dirección de Catastro Municipal, pero Norma Alicia Rodríguez y Raúl Enrico pusieron un enorme letrero de “Airtouch” donde la pusieron en venta –también de forma ilegal, pues no son los dueños—en 900 mil pesos, aunque a los pocos días de estos hechos, retiraron el anuncio.

La abogada Norma no sólo trae arrastrando esta denuncia penal, sino que en el Ministerio Público hay otro expediente muy delicado que la implica en un presunto fraude contra un extranjero, por lo que ya sería una conducta punitiva la que realiza contra terceras personas.

En cumplimiento a una orden de aprehensión, elementos de la Fiscalía General del Estado detuvieron a un sujeto acusado de participar en el homicidio de un hombre ocurrido en diciembre de 2011, en la colonia El Vergel, municipio de San Pedro Tlaquepaque.

El señalado es Germán González Rodríguez, de 28 años, con domicilio en la colonia El Vergel, quien está acusado de participar en los hechos en los que privaron de la vida Francisco Javier Frausto Hernández, de 30 años.

González Rodríguez fue detenido luego de las investigaciones a su cómplice Édgar Ricardo Espinoza Navarro, quien fue capturado y consignado en febrero del 2012 por el hecho.

El crimen se suscitó el 23 de diciembre de 2011, en la confluencia de las calles Río Sena y Río Hondo, en la colonia El Vergel.

De acuerdo a lo declarado por Édgar Ricardo sobre el móvil, éste dijo que Francisco Javier le “faltó al respeto” a su esposa, ya que supuestamente se quiso propasar con ella, motivo por el cual se puso de acuerdo con su cómplice para privarlo de la vida.

Manifestó que el día de los hechos ambos iban abordo de un vehículo Honda Civic, modelo 1992, propiedad de Édgar Ricardo, y al pasar por la calle Río Sena vieron a Francisco cuando salía de su casa a apagar las luces de una camioneta, cuando le dispararon en varias ocasiones y luego escaparon.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Toluquilla, que trasladaron al lesionado al área de shock del puesto de socorros, sin embargo murió al siguiente día, cuando recibía atención médica.

Agentes de la Fiscalía General llevaron a cabo las investigaciones y se logró saber que el otro presunto responsable del hecho era Germán González Rodríguez.
 
Por dicho crimen, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión en su contra, la cual otorgó el Juez Décimo Quinto en Materia Penal, mediante la cual se le capturó.

La Fiscalía General del Estado entregó al detenido al Juez para que lo procesen por el delito de homicidio calificado.