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Viernes, 11 Octubre 2019 08:56

Tribunal Colegiado confirma despojo de Felipe Tomé en Marina Vallarta y éste difama a funcionarios de la Fiscalía Regional

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Por Jorge Olmos Contreras

Coludido presuntamente con funcionarios de la Fiscalía Regional de Justicia, como son el Agente del Ministerio Público Investigador de Delitos Patrimoniales, José Carlos Peña Chavarín y el subdirector Rodolfo Rodríguez Rivera, el empresario Felipe Tomé Velázquez realiza maniobras legaloides para tratar de despojar de un inmueble, ubicado en Marina Vallarta a la empresa Instalaciones Fica SA de CV, cuyo dueño es el también empresario Vallartense, Rubén Figueroa López.

Con ayuda de estos funcionarios corruptos, Felipe Tomé ya había logrado el despojo de un inmueble ubicado en el número 205 de la calle Pelícanos del fraccionamiento Marina Vallarta, conocido también como lote CG-18, pero Instalaciones Fica –la verdadera propietaria— se amparó y aunque el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal le negó el amparo, el tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal revocó la negativa y concedió la protección constitucional, para regresar la posesión del predio  a la empresa de Rubén Figueroa López, por lo que se le dio palo a Felipe Tomé y a sus abogados.

LA HISTORIA

La compañía Instalaciones Fica SA de CV adquirió el lote CG-18 de Marina Vallarta el 15 de diciembre de 1993, esto mediante un contrato de cesión onerosa de derechos fideicomisarios que firmó con la empresa Impulsora Turística de Vallarta SA de CV ITV (que antes era la cabeza inmobiliaria del desaparecido grupo Sidek-Situr), quien transfirió todos los derechos que tenía sobre dicho bien inmueble en favor de la empresa de Rubén Figueroa López.

Posteriormente, se hicieron varios convenios modificatorios entre las partes, y uno de estos fue el 15 de junio de 1994, celebrado entre ITV, Instalaciones Fica y el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, cuyo gobierno dio su consentimiento para que Fica entregara endosado un pagaré a ITV cuyo fin fue para que ésta última pagara adeudos que por contribuciones tenía con el municipio. En este convenio, ITV reitera y reconoce el contrato por medio del cual transmitió el lote de terreno CG-18 a Instalaciones Fica.

Así las cosas, desde el 11 de febrero de 1994 Instalaciones Fica ha tenido la posesión del lote CG-18, pues fue en esa fecha en que ITV entregó la posesión física a la empresa de Rubén Figueroa, quien comenzó en ese sitio un desarrollo turístico denominado “Rincón de Huanacaxtle” en cuyo proyecto se tenía contemplado construir 24 casas, una caseta de vigilancia, una calle privada, una casa club con alberca, oficinas, un cuarto de basura y las correspondientes instalaciones ocultas.

En este contexto, Rubén Figueroa poco a poco comenzó la construcción de su coto privado, y ya había levantado una barda perimetral, malla de alambre acerada en todos los ingresos de las cocheras, la calle interna y dos transformadores de jardín ya conectados para el suministro de energía eléctrica; asimismo, se edificaron dos viviendas, una con el 90 por ciento de avance y la otra con el 30 por ciento, todo debidamente notariado ante la fe de Rodolfo Gómez de la Paz, Notario Número dos de Puerto Vallarta, según escritura 24,742 fechada el 24 de noviembre del año 2017.

Ahora bien, Instalaciones Fica obtuvo las licencias municipales para esta obra y también el visto bueno de la Asociaciones de Residentes de Marina Vallarta.

LOS INVOLUCRADOS

Sin embargo, cuando impulsora turística de Vallarta S.A. de C.V. ya había dispuesto y enajenado desde el 15 de diciembre de 1993 todos los derechos del lote CG-18 en favor de Instalaciones Fica, apareció Enrique Ruiz Cortes, un apoderado legal de la fiduciaria Banamex y también de la fideicomitente y fideicomisaria Impulsora Turística de Vallarta S.A de C.V –que ya había sido adquirida por el empresario Elías Sacal—para disponer y enajenar por segunda ocasión la misma propiedad a favor de Banco Azteca y de la empresa de Felipe Tomé, según escritura firmada el día 01 de diciembre del 2017.

De esta manera y aprovechando la doble venta, los abogados de Felipe Tomé Velázquez, así como los abogados de Elías Sacal de  impulsora turística de Vallarta S.A. de C.V. --entre los que se encuentra Enrique Ruiz Cortés-- implementaron una ilegal estrategia para tratar de quedarse con un predio que no les corresponde; toda vez que a las  21:20 horas del día 21 de noviembre del 2017, una tal Wendy Alejandra González Beltrán, quien se ostentó como apoderada legal de Península Marina Vallarta SA de CV (otra de las empresas de Tomé) presentó una denuncia por despojo contra guardias de una empresa de seguridad privada; contratada además por teléfono por una persona que nunca ha sido identificada argumentando que su representada era la propietaria del lote y que además tenían la posesión del mismo (cosa que era falsa, pues no tenían dicha posesión).

Bajo esa tesitura y dizque para demostrar su dicho, la apoderada de  Marina Vallarta SA de CV --en el sentido que era dueña del predio-- presentó una escritura falsa y simulada con el número 44,141, que no contiene ninguna firma, ni mucho menos folio, ni sello de notaría alguna; pero aun así, el Agente de Ministerio Público José Carlos Peña Chavarín, ordenó inmediatamente el aseguramiento del lote de terreno sin que la denunciante acreditara derecho alguno sobre tal lote identificado como CG-18… Y con esa denuncia verbal, el MP inició la Carpeta de Investigación número 5922/2017.

Pero no solo eso, sino que este Agente del Ministerio Público, con una extraña rapidez –tan solo 25 minutos después de que Wendy Alejandra presentara la denuncia de un inexistente despojo—el mismo día ordenó el aseguramiento del multicitado inmueble y  es aquí donde surgen dudas sobre el proceder del Ministerio Público Peña Chavarín, ya que sin tener la seguridad de que la firma Península Marina Vallarta SA de CV fuera propietaria del lote, pues insistimos, no lo acreditó legalmente, aseguró el bien inmueble en perjuicio de su verdadero dueño, es decir, en perjuicio de Instalaciones Fica SA de CV.

JUDICIALIZAN A ABOGADOS POR SIMULACIÓN Y FALSEDAD

De hecho, este mismo Ministerio Público defendió a capa y espada a los abogados de Felipe Tomé --que fueron denunciados y a la postre judicializados por los delitos de  simulación y empleo de documentos falsos y simulados, falsedad en declaraciones ante una autoridad en ejercicio de sus funciones y despojo en perjuicio de un tercero--, ya que ha manifestado que no hay delito que perseguir en el caso de los licenciados de Península y de Impulsora Turística de Vallarta; empero, finalmente  judicializó la Carpeta de investigación 5922/2017, que hoy  se encuentra ante un juez de oralidad para que se resuelva sobre las imputaciones que se hacen por el Representante Social a Enrique Ruiz Cortes, Angélica Yaneth Palomera García y  a Wendy Alejandra González Beltrán .

Ante estos hechos a todas luces corruptos e ilegales perpetrados y solapados por abogados y al menos dos funcionarios de la Fiscalía Regional, Instalaciones Fica se amparó el 27 de noviembre del 2017 contra los actos de las autoridades responsables, es decir, contra el Fiscal General del Estado, el Director Regional y el Agente del Ministerio Público de Delitos Patrimoniales que integró la Carpeta de Investigación.

Bajo este escenario, los abogados de Felipe Tomé aprovecharon que el MP aseguró el lote para que el apoderado de ITV, Enrique Ruiz Cortés, por instrucciones de Edgar Armando Padilla Pérez, administrador único de la misma sociedad mercantil, ordenara a Banamex --como Fiduciaria en el fideicomiso al que perteneció el lote de terreno CG-18-- trasmitirlo por segunda vez en propiedad a Banco Azteca como fiduciaria en un nuevo fideicomiso; toda vez que, según aparece, la segunda venta que realizaron los representantes de ITV la hicieron a la empresa de Felipe Tome Velázquez  denominada Península Marina Vallarta SA de CV, persona moral que aparece como fideicomisaria al igual que “Piso 30 S. de R.L. de CV” en dicho fideicomiso en donde Banco Azteca interviene como fiduciario.

OTRA IRREGULARIDAD

Otra grave irregularidad en este caso es que después de haber sido asegurado el terreno CG-18 el día 21 de noviembre del 2017, y cuando ni siquiera se había firmado el fideicomiso al que se enajenó por segunda ocasión el terreno, los abogados de Felipe Tomé Velázquez, de Elías Sacal y de sus empresas ya mencionadas, presentaron en la carpeta de investigación 5922/2017 la escritura pública 44,169 --que fue firmada el 01 de diciembre (ojo, después del aseguramiento).  Y con esa escritura obtuvieron que el día 30 de enero del 2018 --sin derecho desde luego-- se levantara el aseguramiento y que el Agente del Ministerio Publico ordenara que se entregara el terreno a la apoderada de Península Marina Vallara (que no la tenía el día del aseguramiento).

Bajo esas circunstancias, Instalaciones Fica presentó un amparo contra la ilegal desposesión del citado terreno, en cuyo juicio de garantías se dictó sentencia negando la protección y amparo a la quejosa en el amparo 1916/2017 del Juzgado Quinto de Distrito. Sin embargo, Instalaciones Fica  interpuso un recurso de revisión que resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito , revocando la sentencia del juez de Distrito y concediendo  el Amparo y Protección de la Justicia de Unión a la quejosa, para el efecto  de que el Agente del Ministerio Publico  dejara insubsistente  la entrega del terreno a Península Marina Vallarta y entregara el inmueble a quien acreditara que tenía la posesión el día 21 de noviembre del 2017, por lo que se le entregó a Instalaciones Fica.

En este sentido, fue Instalaciones Fica la empresa que demostró tener dicha posesión, y fue hasta entonces (por la resolución del Tribunal Colegiado) que, pese a las evasivas del MP Peña Chavarín, la Fiscalía Regional actuó con legalidad y devolvió el inmueble a Rubén Figueroa.

MANIOBRAS LEGALOIDES

Pero las cosas no quedaron ahí, ya que como el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal que conoció del juicio antes dicho 1916/2017, no llamó al mismo a Banco Azteca como fiduciario en el fideicomiso fechado después de asegurado el inmueble (lote CG-18),  no obstante a que le señalaron que debería llamar a dicha institución bancaria… Banco Azteca interpuso una revisión en dicho juicio de amparo y se ordenó la reposición del procedimiento de amparo, dejando sin efecto  la sentencia que concedió la protección constitucional a Instalaciones Fica;  por lo que ahora se está reponiendo ese juicio.

No obstante, aquí lo más importante es que quien tenía la posesión del terreno el día que se aseguró en la referida Carpeta de Investigación era la empresa de Rubén Figueroa.  Sin embargo, los abogados de Península y de ITV persisten en pretender despojar a quien legalmente corresponde ese lote de terreno.

Lo anterior, pese a que el Agente del Ministerio Publico ya judicializó la Carpeta de Investigación 5922/2017 para ejercitar acción penal en contra de Enrique Ruiz Cortés, Angélica Yaneth Palomera García y Wendy Alejandra González Beltrán, y a que el asunto se encuentre ante el juez en espera de celebrar la audiencia de imputación para que empiece a correr el término constitucional y se resuelva la situación jurídica de los implicados.

En este mismo sentido, algunos abogados creen que también debe acusarse al empresario Elías Sacal en este asunto, ya que fue él quien adquirió la empresa denominada Impulsora Turística de Vallarta en el año 2013 y no pudo haber ignorado que ya habían enajenado los derechos que tuvo sobre el lote de terreno CG-18.

Es claro que nadie compra una empresa sin cerciorarse de sus activos y pasivos, máxime cuando todas las sociedades anónimas tienen obligación de presentar sus estados financieros y de resultados por lo menos cada año; y en la contabilidad de dicha sociedad mercantil deben existir registradas las operaciones y contratos que ha celebrado durante la vigencia del primer fideicomiso en que Banamex fue la institución fiduciaria.

LAS MENTIRAS Y EL RECURSO MEDIÁTICO

Pero bueno, como las cosas no les han resultado a Felipe Tomé y abogados, y seguramente ya invirtieron mucho dinero en este intento de despojo, decidieron hacer presión mediática; y para pronto, esta semana se presentaron en el periódico Mural de Guadalajara para no solo mentir al afirmar que la Fiscalía Regional de Justicia tiene “secuestrado” un inmueble en Puerto Vallarta, sino también para difamar al Director de dicha fiscalía regional, Jesús Torres Ramírez y al MP José Luis Barrón Arvizu, al señalarlos como quienes se han prestado a actos de corrupción en este asunto, cuando en realidad solo están haciendo su trabajo, sobre todo porque existe una orden de carácter federal, como lo es la resolución del Tribunal Colegiado.

Sobre este tema hay más, mucha más información, como el presunto intento de soborno de abogados de Felipe Tomé a representantes de Instalaciones Fica hasta por 11 millones de pesos para que dejaran de pelear, pero eso lo comentaremos en otro artículo.

 

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