Junto con Karla Eliza, también está el nombre de Rodolfo Augusto Trujillo Mondragón, un desarrollador inmobiliario y representante legal de Consorcio de Ingeniería Integral SA de CV, firma que maneja “Casas Ara”. Estos fueron los principales beneficiados por directivos corruptos del comisariado ejidal de Valle de Banderas, que desde el 2022 ha entregado el dominio pleno de tierras de uso común a particulares.
Ejidatarios como Víctor Manuel Cueva Robles han denunciado una y otra vez el presunto “robo” de las tierras de uso común del ejido, por lo que pasado 09 de mayo envió una misiva a la oficina de atención ciudadana de la presidencia de la República donde solicita al presidente Andrés Manuel López Obrador que se investigue este supuesto despojo en beneficio del grupo Vidanta.
En esta ocasión, el titular del área de quejas, denuncias e investigaciones del órgano interno de control en el Registro Agrario Nacional (RAN), José Vargas Elizarrarás, respondió con un oficio donde asegura que el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas va a realizar la investigación correspondiente.
Otro funcionario de la Secretaría de Gobernación, se sumó a la solicitud del ejidatario víctima y está en estos momentos realizando diligencias para saber cómo es que el 26 de agosto del 2018, en una asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras se elaboró un acta de formalidades especiales, donde se benefició a cinco personas en lo particular con la asignación de 22 polígonos que conforman tierras de uso común, donde destaca el nombre de Karla Eliza Chávez Campero como posesionaria donde hoy están los campos de golf de Vidanta y 21 hectáreas de Boca de Tomates a favor de Ricardo Abaroa Ortiz.
LOS BENEFICIADOS
Los otros tres beneficiados son Cruz Robledo, Francisco de la Vega y la presidencia municipal de Bahía de Banderas, en cuyo terreno se construyó la llamada “presidencia de cartón”.
El nombre de la hija de Daniel Chávez Morán aparece con mayor precisión en la convocatoria de asamblea del 29 de mayo del 2022, particularmente en el punto seis de la orden del día, que a la letra dice: “Someter a consideración de la asamblea la propuesta de la posesionaria Karla Eliza Chávez Campero, respecto a las parcelas reconocidas a su favor, y en su caso tomar acuerdo”.
Llama la atención el nombre de Karla Eliza Chávez Campero, porque ella aparece, junto con sus hermanos, Iván Chávez Saúl y Erika Chávez Campero, como directores de la empresa KEI Partners, aquella firma de desarrollos inmobiliarios que fue parte del escándalo mediático que involucró al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, de nombre José Ramón López Beltrán, quien aseguró que trabajaba como asesor legal para esa compañía y que esta misma le había rentado la llamada “casa gris”.
En este sentido, Karla Eliza Chávez y sus hermanos son los patrones del hijo del presidente de la República, mientras que el padre de Karla, Daniel Chávez Morán –el dueño de Vidanta—es “consejero honorario” del proyecto del tren maya.
DE CONCESIONARIO DE ZONA FEDERAL, A POSESIONARIO
Lo anterior no tendría que suponer algún conflicto de intereses, de no ser porque el gobierno de la República, ni a través del RAN, ni por conducto de la Semarnat, ni por la Comisión Nacional del Agua, ha realizado una investigación a fondo para determinar cómo es que Vidanta prácticamente se ha apropiado de grandes extensiones de terrenos ejidales mediante la concesión de zonas federales.
De hecho, el gobierno federal ha sido muy considerado con todo lo que tenga que ver con Vidanta y Daniel Chávez Morán.
Y es que a decir de ejidatarios como Víctor Cueva y Arturo Corona, el modus operandi de Daniel Chávez y directivos de Vidanta, ha sido obtener concesiones federales para después alegar que son posesionarios de las tierras y con el tiempo maniobrar con comisariados ejidales para que les asignen el dominio pleno de predios.
Al parecer, así sucedió con las 88 hectáreas que hoy ocupan el campo de golf de Vidanta, donde, como ya vimos, en una asamblea plagada de irregularidades –e impugnada por la vía jurídica--, se votó a favor de entregar las tierras a sus ‘legítimos’ poseedores.
La asamblea del 26 de agosto del 2018, se convocó de una forma, se desarrolló de otra y se registro de una manera distinta. De hecho, en el acta llaman de varias formas a la asamblea, primero señalan que se trataba de una “Asamblea General de Ejidatarios, Relativa a la Delimitación y Destino de las Tierras Parceladas y Asignación y o Reconocimiento de Derechos Ejidales”; mientras que en el RAN se registró como “Acta de Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales con Asignación de Parcela y Uso Común”.
MEDICIÓN ILEGAL DE TIERRAS
Lo más grave del asunto, es que el ejido, de manera particular realizó mediciones de tierras y en dicha asamblea delimitó y asignó unas parcelas y solares, y en una verdadera contradicción, dejaron asentada en el acta que “en su momento se midan y asignen en favor de sus posesionarios”
Es así como el ejido Valle de Banderas ha perdido cientos de hectáreas que ya no están en posesión de los ejidatarios, como las 88 hectáreas del polígono 21 –que se consideraron en posesión de Vidanta y o Karla Eliza Chávez en una asamblea y acta del 2012—donde hoy está el exclusivo campo de golf donde se realizan los no menos exclusivos torneos internacionales convocados por Daniel Chávez Morán.
En otro artículo, vamos a detallar las irregularidades del acta de la asamblea “dura” del 2018 que derivó en la pérdida de una gran parte del patrimonio del ejido Valle de Banderas, pérdida en la que hay responsables como los hoy directivos (y anteriores) del núcleo ejidal que presiden Víctor Francisco Rodríguez Cueva y Gerardo Primitivo García Reynaga.
