En el marco de una auténtica persecución política que emprendió el gobernador de esa entidad, Miguel Ángel Navarro Quintero, en contra de la señora Villalvazo y en una clara violencia política de género, ahora se da esta aberración jurídica, donde un juez de control y oralidad asegura que la presidente de Bahía de Banderas “actualmente se encuentra prófuga de la justicia”, “al haberse dictado una orden de aprehensión en su contra”.
Todavía más claro el embate que el gobierno de Navarro Quintero trae en contra de Mirtha Villalvazo, es que el juez Torres Castellanos en su oficio que mal redactó el miércoles 10, pero que presentó ayer a las 16:24 horas, se erige por sí solo en tribunal electoral y le ordena al IEEN que por esta situación (“prófuga” y orden de aprehensión), (Mirtha)… “deberá tener suspendido en sus derechos y prorrogativas (sic) electorales a dicha ciudadana hasta que este órgano judicial así lo determine”.
De plano, dicen algunos estudiosos del derecho, no se midió el juez Edgar Vinicio Torres, ya que desconoce a la autoridad competente que es el IEEN y como si fuera el titular del Tribunal Electoral, le ordena al Instituto semejante petición, lo cual, desde luego, es totalmente improcedente.
Pero envalentonado por el respaldo que le dio el gobernador Miguel Ángel Navarro, el juez de control hasta se da el lujo de advertirle al IEEN que… “deberá informar del cabal cumplimiento (sic) de lo aquí ordenado en el término máximo de 24 horas contadas a partir del a (recontra sic) recepción del presente oficio” … o de lo contrario, le impondrá una multa de 54 mil 285 pesos al Instituto Electoral.
Las 24 horas se cumplieron exactamente a las 16:24 horas de este viernes 112 de abril, pero se ignora si el IEEN respondió en tiempo y forma o fue multado por el juez.
Un dato que no se debe pasar por alto, es que la supuesta orden de aprehensión contra Mirtha Villalvazo es por los delitos de “abuso de autoridad, intimidación y privación de la libertad personal”, cometidos presuntamente en contra de un tal Jorge Martín GV.
Con lo anterior nos debemos preguntar… ¿y los presuntos delitos que presumió el gobernador y su fiscalía había cometido Mirtha sobre los permisos de desarrollos inmobiliarios?
¿Así o más clara la persecución política?... Porque debemos recordar que Mirtha Villalvazo no está vinculada y mucho menos tiene una sentencia ejecutoria en su contra. Tampoco tiene antecedentes penales…
¿Entonces por qué este juez se atreve a solicitarle al IEEP que le suspenda sus derechos político-electorales?
¿O también se le olvida al juez –y al gobernador-- que existe la presunción de inocencia y que su solicitud es a todas luces una violación a las garantías constitucionales de la alcaldesa con licencia?
¿Usted qué opina estimado lector?
