Y es que la denuncia sobre menores que estaban en peligro por haber sido invitadas a una fiesta a través del Facebook con presuntos fines de explotación sexual, la hizo la fundación FIND que encabeza el activista Juan Manuel Estrada Juárez, quien ya ha denunciado antes casos de prostitución infantil y redes de tráfico de menores en Jalisco, pero cuyo protagonismo a veces ha sido excesivo.
En el caso de la fiesta de Puerto Vallarta, la autoridad no ha informado con detalle cómo es que llevó a cabo un operativo con agentes de la SEIDO en una casa en donde desde el sábado se celebraba a una ‘pool party’, y en donde había por lo menos 37 personas, la mayoría entre 14 y 17 años, a quienes supuestamente les ofrecieron mil 500 pesos por asistir y que varias de ellas eran de Valle de Banderas y Jardines del Sol en San José del Valle.
Hay tres detenidos por estos hechos, un mexicano y dos extranjeros, y al parecer dos taxistas cuyo “delito” fue atender un servicio de traslado solicitado por menores. Según la PGR, en la casa donde se llevaba a cabo la fiesta se encontró “material relacionado con sexo”.
LA OTRA CHICA
Este hecho fue ligado con la menor que salió de su domicilio en Apaseo el Grande, Guanajuato, porque se dice que también esta niña de nombre Tzatzil Lizbeth había sido invitada a la fiesta, pero que fue rescatada en la carretera aeropuerto kilómetro 2.5 en el fraccionamiento Los Tules el pasado jueves 14 de junio; que ella también habría sido enganchada por Facebook. Pero se desconoce si fue o no al festejo.
Sobre el caso de la menor de Guanajuato, la PGR detuvo a un joven de 23 años de nombre David N, quien aparece en una foto en Twitter con sus padres y no aparenta ser un delincuente.
Ahora bien, lo que resulta difícil de creer es que todas las personas invitadas a la fiesta fueran a ser secuestradas o retenidas en esa residencia de la colonia Díaz Ordaz con fines de explotación sexual –ya que está a unas cuadras de la zona hotelera y a unos pasos de un concurrido centro comercial como lo es Plaza Caracol--; sin embargo, lo que se ha manejado ya como información oficial, es que tanto los agraviados (las menores) como los implicados, fueron llevados a la Ciudad de México para que rindieran su declaración.
Imaginen ustedes a las adolescentes siendo trasladas en vehículos oficiales a la SEIDO. Seguramente estaban asustadas y no sabían el por qué se las llevaban.
¿PROSTITUCIÓN FORZADA?
Todavía más confuso, resulta lo difundido por la misma PGR, en el sentido de que el operativo fue realizado por una denuncia de la fundación FIND, “al tener elementos –afirman—de la prostitución forzada en que eran obligados los ahora liberados”.
Esta percepción puede ser errónea y muy subjetiva, pero, sobre todo, es perjudicial para las menores que asistieron a la ‘pool party’ –pues ya las están exhibiendo como niñas que obligaban a prostituirse--, ya que en esa casa era frecuente que se realizaran fiestas; incluso la finca era rentada para tal fin; y antes hasta fue alquilada para un retiro espiritual de personas de la tercera edad.
De hecho, vecinos comentaron que la fiesta a la que hace mención la PGR fue el sábado y que el domingo cayeron los policías federales, pero que antes no se habían visto movimientos extraños de que llevaran personas, menores o no a esa casa, contra su voluntad.
Si la fundación de Juan Manuel Estrada no tiene los elementos de prueba suficientes para asegurar que las adolescentes que fueron a la fiesta eran obligadas a prostituirse, o que estaban en condición de trata de personas, es muy probable que el operativo de la PGR fracase y los involucrados recuperen su libertad.
PELIGRO INMINENTE
Sin embargo, si la SEIDO tiene los elementos de prueba y no sembró nada en dicha casa –como el material sexual que afirman encontraron--, entonces sí estaríamos ante un peligro inminente de las menores, cuyos padres deben estar muy molestos y preocupados en estos momentos por acudir a una fiesta de la que seguramente no informaron cómo contactaron a los organizadores.
Por lo pronto, se le ha dado un duro golpe a la imagen de Puerto Vallarta al exhibir al destino turístico como un lugar en donde la prostitución infantil es permisible.
Se requiere, con carácter de urgente, una postura de las autoridades municipales y del gobierno del estado –a quienes no avisaron ni invitaron a participar en el mega operativo del fin de semana--. Asimismo, es apremiante que el Fideicomiso de Turismo revise el tema para evitar que se degrade la imagen de Puerto Vallarta por supuestos y conjeturas de que aquí se organizan fiestas para prostituir a menores de edad.
Por otra parte, sería interesante escuchar a los padres de familia y ver qué fue lo que declararon sus hijos; para determinar si eran forzados a prostituirse o simplemente acudieron –con o sin engaños—por su propia voluntad o contra su voluntad, a una fiesta que prometía diversión y que finalmente resultó todo lo contrario.
