Hace unas pocas semanas los magistrados gandallas le dieron un rudo golpe a la sociedad al lograr que los diputados les aumentaran su haber de retiro de seis a doce meses y de 12 a 14 días que representaba algo así como un bono que puede llegar a los 4.5 millones de pesos al momento de recibir su jubilación.
El tema fue denunciado por este abuso, acto de injusticia y de inequidad total, ya que el sueldo mensual que recibe un magistrado es de 135 mil pesos, y ahora cuando se retiran hay que premiarlos con un cheque millonario, como si les tuviéramos que agradecer por su contribución a que en Jalisco los ciudadanos hayamos sido beneficiados por el brazo de la justicia limpia y expedita.
Resulta que ahora que los 39 diputados locales que forman la LX Legislatura están por recibir un golpe a la quijada, si se aprueba la iniciativa del presidente del PRI en Jalisco, Hugo Contreras Zepeda girada a los legisladores de su partido de desaparecer la partida 412 de Asignaciones Presupuestarias del Poder Legislativo destinadas a Casas de Enlace y que reciben cada uno de los llamados “representantes populares”, luego del escándalos que provocó cuando se ventiló a la opinión pública que la mayoría de diputados ni informan ni operan dichas Casas de Enlace, por lo que este recurso se convierte en un sobresueldo.
Cabe aclarar que este apoyo a los diputados es un recurso legal, conforme se establece en el reglamento de Casas de Enlace, aprobado por los mismos legisladores, lo que permitía cualquier comprobación, pero el hecho de que sea “es legal”, no es ético, moral ni justo, además de que no todos los diputados dan o dieron cumplimiento a la transparencia y rendición de cuentas.
Hemos señalado que este recurso de apoyo para “Casas de Enlace”, representaba un abuso de los señores diputados, ya que hasta antes que llegara el PAN al poder en Jalisco, esos apoyos no recibían los legisladores; su labor de gestoría o de vinculación con los ciudadanos, lo hacían a través de los comités de sus partidos o subcomités distritales. Así era anteriormente, cuando no existían estos excesos.
Más bien fue un invento para justificar un sobresueldo que todos los partidos aprobaron, práctica ya muy común de gobiernos de la alternancia para obtener los mayores ingresos posibles, como lo significa de la misma forma el crecimiento de la nómina del Poder Legislativo, de 200 empleados que a lo sumo existían hace 20 años, a los mil 400 de la pasada legislatura o los 900 que existen actualmente.
Cada diputado ha recibido este año 92 mil pesos mensuales y que multiplicados por 12 meses, suma un millón 104 mil pesos y que multiplicados por 39 diputados al año genera un gasto o egreso de 43 millones 56 mil pesos y que si multiplicamos por tres años –tiempo que dura una legislatura– serían cerca de 130 millones de pesos.
Hasta el cansancio se ha denunciado los abusos que se han cometido en el Congreso del Estado, de las deudas acumuladas que enfrentan, del irresponsable incumplimiento del pago de impuestos y cuotas a la Secretaría de Hacienda y al Instituto de Pensiones del Estado, pese a que las retenciones al personal realizaban. A esta LX Legislatura si bien es cierto le heredaron ese desastre administrativo-financiero, a ella también le correspondía hacer cambios e imponer orden.
Sin embargo, la mayor parte de legisladores y de todos los partidos políticos, se opusieron al sacrificio y buscar ahorros sustanciales para revertir la situación anómala. Desde el principio los diputados pudieron haber renunciado a esta prebenda, pero no lo hicieron, con una serie de pretextos que no son válidos cuando se vive una crisis o una situación financiera de emergencia.
Su lógica fue que sea el Poder Ejecutivo –los impuestos de los jaliscienses– los que cubran el déficit, pero ellos por qué tenían qué sacrificar ingresos. Por ejemplo, algunos legisladores del Partido Movimiento Ciudadano señalaron que recibirían estos recursos y los destinarían a regalar bicicletas para los pobres indígenas o hacer obras. ¿Pero qué carajo tiene qué hacer un diputado haciendo obras o regalando bicicletas? ¿Qué no su función es hacer buenas leyes en beneficio de la comunidad?
En fin, esperemos que los dirigentes de los otros partidos políticos, secunden la iniciativa del presidente del PRI, Hugo Contreras Zepeda, que hay que subrayar, dio un manotazo y un madruguete con esta orden a sus diputados de desaparecer esa partida de apoyo a “Casas de Enlace”, que por supuesto no se lo agradecerán los compañeros de su partido, pero que debe ser aplaudida y apoyada, ya que este tipo de acciones son las que han reclamado los ciudadanos y los líderes de organizaciones empresariales y sociales.
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