Se trata del propietario del “Gran Bethesda” y dos de sus empleados, quienes, de manera muy ligera y sin pruebas-- fueron denunciados por familiares de los internos, como quienes tenían ‘secuestrados’ a sus parientes; incluso difundieron en medios de comunicación que “habían levantado a sus hijos en Bahía de Banderas”.
La fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) de Jalisco tomó la investigación en sus manos, pero nunca logró acreditar los supuestos delitos contra los encargados del Centro de Rehabilitación. Sin embargo, en octubre del año pasado –los ministeriales-- lograron que un juez de control y oralidad vinculara a los tres imputados y les dictara prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.
Antes, el 24 de septiembre del 2022, las autoridades realizaron un operativo al interior del Centro de Rehabilitación, en donde contabilizaron 80 personas internadas, de las cuales, solo dos dijeron estar en contra de su voluntad, pero jamás declararon haber sido privados de su libertad en la vía pública.
De esta forma, se supo que la investigación de la FEPD estaba sostenida con alfileres, que era muy endeble, comentaron a su vez abogados de los vinculados, por lo que el viernes 30 de junio pasado recuperaron su libertad, después de estar en prisión nueve largos meses.
Uno de los mejores abogados penalistas de Puerto Vallarta, José Antonio Torres, fue quien llevó la defensa de los detenidos y fue quien logró demostrar la inocencia de sus clientes, quienes fueron exhibidos de forma mediática y en redes sociales como secuestradores, explotadores y golpeadores de algunos internos, de una forma un tanto injusta.
EL CONTEXTO
En octubre pasado –como lo publicó este medio--, varios parientes (de las supuestas víctimas) señalaron a la Fiscalía que sabían que sus familiares se encontraban en dicho centro; sin embargo, su queja era solamente porque no se les permitía hablar con ellos.
Bajo este escenario, VALLARTA UNO pudo hablar con uno de los encargados del Centro de Rehabilitación, quien informó que por indicaciones médicas y psicológicas de los que laboran ahí, no se les permite hablar con sus familiares, hasta en tanto avance su proceso de abstinencia a sus adicciones; y esto, las personas que han tenido algún familiar interno en este tipo de lugares, lo saben.
No solo eso, sino que otro empleado del Centro de Rehabilitación dijo al reportero que todos los familiares reconocieron haber pedido el apoyo para que los pacientes se trataran de sus adicciones; que incluso muchos otros entraron de manera voluntaria, y que de todos existen sus expedientes clínicos, donde firman una constancia que están en dicho centro bajo voluntad propia, situación que la Fiscalía tuvo conocimiento.
Pero todavía más increíble –y que las autoridades judiciales ignoraron—es que familiares de dos de los denunciantes sabían que estos se encontraban en tratamiento contra sus adicciones, es decir, jamás se ocultó que no estuvieran recluidos.
Respecto a los otros tres (supuestos desaparecidos), estos jamás proporcionaron teléfonos para que el personal del centro avisara a sus familiares --contrario a lo que dijo la fiscalía--. Y es que todos ellos, previo a ser internados, firmaron una carta donde accedían por su propia voluntad a estar recluidos, precisamente para tratar sus adicciones, dijeron en ese entonces los abogados.
