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Lunes, 17 Julio 2023 02:44

Por minutos, Xiomara Saavedra evita ser detenida en fluvial; investigan a la empresa Air Go Destacado

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Por Jorge Olmos Contreras

Una de las mujeres involucradas en el secuestro de su tío Domingo Robles para despojarlo de sus bienes y venderlos a terceros –entre otros inmuebles el que ocupó por muchos años el restaurante bar Hard Rock del malecón-- Alma Xiomara Saavedra Acosta, estuvo a punto de ser detenida por policías investigadores de la fiscalía de Jalisco en el fraccionamiento Fluvial Vallarta, a donde acudió para ver a uno de sus familiares.

Xiomara Saavedra es buscada por la policía porque tiene una orden de aprehensión por diferentes delitos, entre otros el de privación ilegal de la libertad, cometida precisamente en contra de su tío (ya fallecido) Domingo Robles.

En este sentido, se sabe que el martes pasado, policías judiciales intentaron arrestar a Xiomara en su domicilio de Fluvial Vallarta, pero que por minutos logró escabullirse y escapar en un vehículo Mazda color tinto.

Asimismo, quisieron detener (otra vez) a su esposo, Jorge Alberto G, pero este se metió a la casa de un vecino para evitarlo.

INVESTIGAN A AIR GO

El caso de las hermanas Saavedra Acosta ha llamado la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya que se presume que han invertido mucho dinero en la empresa “Air Go” que opera en el aeropuerto internacional “Gustavo Díaz Ordaz” de Puerto Vallarta, una compañía de traslados privados en autos y camionetas de lujo para turistas.

En el aeropuerto, algunos empleados han comentado que Xiomara maneja la empresa desde Guadalajara a través de su teléfono celular, pero que es tan déspota con el personal, que los trata con la punta del pie.

Por ejemplo, se quejan de presionar a los choferes de las unidades de “Air Go” para que no paguen la clásica “mona” a los hoteles, lo que ha provocado que se susciten confrontaciones entre los trabajadores.

En la fotografía aparece parte del equipo de Xiomara que está al frente de “Air Go”.

EL ANTECEDENTE

Como informamos oportunamente el año pasado, el 26 de octubre del 2022, la fiscalía de justicia de Jalisco informó en un comunicado de prensa, que, mediante un operativo, detuvieron en el fraccionamiento Fluvial Vallarta a Jorge Alberto G, “ya que se encuentra identificado como uno de los probables partícipes en el secuestro de un hombre, ocurrido en Puerto Vallarta”.

La fiscalía indicó en ese entonces que, “de acuerdo con las investigaciones del caso, en el mes de marzo del año 2012, el sujeto, en compañía de otras personas presuntamente se llevaron privado de la libertad a un masculino que padecía varias enfermedades, lo que aprovecharon para supuestamente obligarlo a firmar documentos, entre ellos poderes para comercializar todas sus propiedades”

Así las cosas, VALLARTA UNO investigó más sobre el tema y la información obtenida es que el hombre que fue detenido por policías ministeriales en esa fecha, era Jorge Alberto Gómez Valdez, esposo de Xiomara Saavedra, quienes junto con María D’ Abril, Juan Arturo Saavedra Acosta y Alma Yolanda Acosta, habrían participado en el secuestro de su tío y en el despojo de sus bienes, por lo que pesa sobre ellos una orden de aprehensión.

LA VÍCTIMA

También dimos a conocer que Xiomara ocultó en un cuarto del hotel Rosita durante varios días a Domingo Robles, presuntamente para obligarlo a que firmara varias cartas poder (incluso con la huella dactilar de uno de sus dedos), y después, ella, junto con sus cómplices, comercializaron los valiosos bienes inmuebles que pertenecían a don Domingo.

Y decimos que pertenecían, porque el pobre hombre, enfermo del mal de Parkinson que le afectaba sus facultades mentales, fue llevado por sus sobrinas a Silao, Guanajuato, donde lo internaron en un asilo. En este lugar, don Domingo ahí murió, solo y sin compañía de sus familiares, pues no tenía hijos.

Posteriormente se supo que las “sobrinas políticas” de Domingo Robles vendieron todas sus fincas, con cuya transacción habrían obtenido alrededor de 130 millones de pesos.

Uno de estos inmuebles vendidos de manera fraudulenta, fue precisamente el que está en la calle paseo Díaz Ordaz (frente al malecón) esquina con Abasolo en el centro de la ciudad y donde por muchos años estuvo el legendario restaurante bar “Hard Rock”.

EL COMPRADOR

En el medio inmobiliario, se comenta que uno de los compradores de esa finca fue el conocido empresario Octavio Altamirano y que tan solo por esta venta, las sobrinas de don Domingo habrían obtenido unos 20 millones de pesos.

Para quitarle sus bienes a Domingo Robles, las sobrinas –que dijeron trabajar para su tío-- inventaron una supuesta deuda de salarios atrasados y sueldos caídos para embargarle sus bienes. Todo con la complicidad de la entonces presidenta de la VI Junta de Conciliación y Arbitraje, Sofía Jurado, quien se habría prestado para manipular el juicio laboral.

LOS HECHOS

El 04 de junio del 2012, la reportera Carolina Gómez Aguiñaga escribió una nota en el portal www.prensaglobal.com en donde contó que el abogado de los familiares de don Domingo -- Carlos Acosta López e Ilyana Lizzett Gómez Robles—temían por la vida de su pariente, ya que 01 de marzo de ese año, Alma Acosta de Saavedra (junto con sus cómplices) –el paréntesis es nuestro--  lo privaron de su libertad aprovechándose de su incapacidad por su enfermedad; el delito lo habrían cometido en común acuerdo con los hijos de esta señora Alma Acosta, Alma Xiomara, Arturo y María D’ Abril, todos de apellido Saavedra Acosta.

En una rueda de prensa que ofreció el abogado Miguel Ángel Zarate en el 2012, aseguró que estas personas “gestionaron meses atrás todo lo necesario para quedarse con todos los bienes y hasta la fecha lo han mantenido oculto” (a Domingo Robles). Después cambiaron las cuentas bancarias a favor de Xiomara, pues ella ya aparecía como la beneficiaria y fue así como realizaron la venta de todas las propiedades, incluyendo su propia casa, “obteniendo con esto un beneficio indebido, convirtiéndose en un verdadero secuestro contemplado por la norma penal y que debe ser sancionado con pena privativa de libertad”.

 

“La venta de las propiedades –dijo en ese entonces Zárate-- han arrojado un monto de alrededor de los 30 millones de pesos”.

 

El abogado también acusó que la fiscalía no investigó el caso en su momento y que el entonces delegado regional, Juan Carlos Zaragoza (por cierto, ejecutado años después en Guadalajara) no le dio la importancia al asunto, pues decía que no había delito que investigar, pese a las pruebas existentes y a la desaparición del señor Robles.

 

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